Disputas territoriales: Provincias argentinas con conflictos limítrofes sin resolver

Un informe del IGN de 2017, que aún mantiene vigencia, identificó fronteras sin cartografía precisa, como las de Formosa, Chaco y Salta.

A pesar de la imagen de unidad que transmiten los mapas, existen en Argentina límites interprovinciales que continúan sin una resolución definitiva. Un relevamiento del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 2017 identificó varias fronteras con dificultades para su representación cartográfica precisa, una situación que no ha cambiado hasta la actualidad. Entre los casos más notorios se encuentran las fronteras compartidas por Formosa, Chaco y Salta, así como las de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa.

Estos conflictos tienen raíces profundas que se remontan a la conformación del país. Las provincias denominadas históricas, que firmaron la primera Constitución Nacional, son herederas del período colonial. En contraste, las provincias más jóvenes surgieron a mediados del siglo XX a partir de la provincialización de los Territorios Nacionales, espacios que desde 1884 habían sido conquistados y puestos bajo posesión del Estado nacional.

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La fijación de los límites interprovinciales es una facultad que la Constitución de 1853 asignó al Congreso Nacional. Desde los inicios de la Nación, esta tarea fue objeto de debate, ya que la diferenciación de los territorios estaba ligada al poblamiento y al reparto de las tierras bajo dominio de cada provincia. No obstante, la modificación de los límites no es algo que una provincia pueda decidir de manera unilateral, sino que es una atribución delegada al gobierno federal.

Un ejemplo histórico de estas tensiones es el caso del Meridiano V, el límite oeste de la provincia de Buenos Aires, medido entre 1880 y 1882. Años después, el ingeniero Norberto Cobos advirtió que la línea trazada por el agrimensor Juan Pirovano estaba desplazada hacia el oeste, lo que significaba que Buenos Aires había incorporado unas 20.000 hectáreas en detrimento del entonces Territorio Nacional de La Pampa.

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Ante esta situación, la Ley N°5.217 de 1907 declaró inamovibles los trazados originales para evitar los perjuicios económicos y sociales que hubieran surgido al reasignar tierras ya entregadas a colonos. De esta manera, una decisión política prevaleció sobre la precisión cartográfica para no generar un caos en la propiedad de la tierra en la zona afectada. Este tipo de disputas involucra tanto aspectos técnicos sobre el trazado como cuestiones político-económicas sobre los recursos y localidades que quedan de un lado u otro del límite.

Uno de los reclamos vigentes más significativos es el que mantiene Formosa por aproximadamente 400.000 hectáreas a la provincia de Salta. La disputa se centra en la denominada “Línea Barilari – Límite Tripartito Impenetrable”, que separa a Salta de Chaco y Formosa. El gobierno formoseño argumenta que el límite fijado en 1911 difiere del enunciado en la Ley Nº1.532 de 1884.

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La tarea de demarcación fue asumida por diferentes organismos a lo largo de la historia. En 1943, un decreto designó al Instituto Geográfico Militar, actual IGN, como la institución encargada de estas tareas. Posteriormente, en 1967, se creó la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales (CNLIP) con una finalidad similar, aunque muchas provincias hoy cuestionan las delimitaciones realizadas bajo ese mecanismo por considerarlas unilaterales.

Durante las dictaduras, el Poder Ejecutivo asumió la potestad de fijar límites a través de decretos-leyes, suprimiendo las funciones del Congreso. La CNLIP fue disuelta en el período democrático de 1973 a 1976 y restituida por la última dictadura cívico-militar. Con el restablecimiento de la democracia en 1983, la facultad de establecer los límites internos retornó de manera exclusiva al Congreso de la Nación.

Actualmente, es el Congreso quien fija los límites mediante la sanción de leyes, y la Corte Suprema de Justicia puede intervenir para juzgar límites ya definidos. En este esquema, el Instituto Geográfico Nacional actúa como un asesor técnico sin facultades de decisión, pero es el responsable de fiscalizar toda la cartografía civil que se produce y circula en el país.