Proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional contempla el derribo de aeronaves hostiles

Política29/09/2026

Diputados debatirá iniciativa del Gobierno para endurecer sanciones a empresas en Malvinas y crear Consejo de Seguridad con amplias facultades.

Entre las facultades más sensibles propuestas por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional figura la posibilidad de autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. Estas medidas, que se aplicarían bajo un estricto protocolo de actuación, se prevén solo después de agotar todas las instancias previas contempladas en la normativa.

La Cámara de Diputados comenzará mañana el debate en comisión de esta iniciativa impulsada por el Gobierno. El objetivo es endurecer las sanciones para empresas y proveedores que operen en las Islas Malvinas sin la autorización de Argentina, además de crear un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

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El proyecto será analizado al mediodía en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Estas comisiones son presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

En cuanto a las mayores penas para empresas que operen en Malvinas, la iniciativa busca reemplazar la actual Ley 26.659, ampliando el alcance de las prohibiciones vigentes. Previamente centrada en hidrocarburos, la nueva propuesta extiende las restricciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

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Además, se establece la creación de un Registro Público de Infractores, lo que impedirá que las personas y empresas incluidas sean contratadas por el Estado o por particulares. En el ámbito penal, el proyecto plantea penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten recursos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, así como para quienes cooperen con dichas actividades, incluyendo la inhabilitación para operar en territorio argentino.

Por otra parte, se propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente y compuesto permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo tendrá como función coordinar áreas clave como la diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

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Ante una amenaza considerada grave e inminente, el Consejo podrá disponer medidas urgentes. Entre ellas se contemplan restricciones a operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contrataciones, y limitaciones a importaciones y exportaciones. También se incluye la posibilidad de elevar temporalmente los derechos aduaneros.

En ese marco, la iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con la seguridad nacional, abarcando la revelación de secretos a Estados extranjeros y la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia. También se sancionarán acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales y manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva.

Otro de los cambios propuestos redefine las funciones de la Defensa Nacional, permitiendo su intervención en materia de seguridad interior ante amenazas externas, tanto de origen estatal como no estatal. La iniciativa también establece restricciones a los aportes económicos provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras destinados a partidos políticos y campañas electorales.