Docente con antecedentes graves fue separada de su cargo por filmar alumnos
Actualidad01/10/2026
REDACCIÓNRoxana Carolina Cayo, con condena previa por homicidio culposo, filmó a menores en clase. El caso impulsó cambios en la normativa.
El Ministerio de Educación porteño inició de inmediato el proceso para modificar el decreto reglamentario de la ley vigente y así evitar casos similares en el futuro. Esta decisión surge tras la reciente separación de una maestra que había sido condenada por la muerte de su beba y que, tras reincorporarse, fue denunciada por filmar a sus alumnos. Los hechos denunciados están siendo investigados por las autoridades.
Se trata de Roxana Carolina Cayo, de 53 años, quien fue apartada de la Escuela N° 30 D.E.9 Granaderos de San Martín, ubicada en el barrio de Palermo. La denuncia que motivó su separación indica que filmaba a los menores de sexto grado con su celular y que aquellos que se negaban a ser grabados eran castigados. Además, la docente les habría pedido dibujar su DNI y listar los lugares que frecuentaban.
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Fueron los propios niños quienes comenzaron a relatar a sus padres las extrañas situaciones que vivían dentro del aula, según se informó. Ante este escenario, los padres acudieron a la institución educativa, donde denunciaron los hechos que derivaron en la intervención de las autoridades pertinentes.
Cayo se había reincorporado al sistema educativo en agosto de este año, una vez que cumplió los años de inhabilitación administrativa. La maestra había sido condenada en una causa donde se la investigaba por la muerte de su beba de seis meses, ocurrida en 2010.
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En 2014, Cayo fue detenida en Florencio Varela después de permanecer cuatro años prófuga en la causa. El expediente detalló que había dejado a la beba sola con sus hermanos menores para ir a bailar a un boliche en General La Madrid.
Al regresar a la casa, la encontró muerta dentro de una caja con juguetes, producto de una posible caída de la cama y un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia cerebral. Inicialmente, en el juicio, fue condenada por homicidio doloso, lo que le impedía volver a ejercer la docencia en el futuro.
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Sin embargo, la Cámara de Casación modificó la calificación del delito a homicidio culposo, cambiando así la situación de Cayo. Esta modificación le permitió reinsertarse en el sistema educativo tras cumplir su sentencia y los cinco años de cesantía administrativa establecidos por la ley vigente.
Desde la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires comunicaron que la ley actual permite que un docente condenado por un delito culposo pueda volver a trabajar. Sin embargo, ante este grave incidente, se iniciaron gestiones para revisar y modificar la normativa.
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