La iniciativa, expuesta por Diego Santilli y Luis Caputo, ofrece dos vías principales para inversores y una serie de requisitos financieros para sus familiares directos.
El Programa de Ciudadanía por Inversión, impulsado por el Gobierno, comenzará a recibir solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026. Este esquema prevé dos alternativas de inversión para el solicitante principal que desee acceder a la ciudadanía argentina.
Los interesados podrán optar por un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 destinado al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público creado específicamente para este fin por un valor de USD 800.000. Además, el cónyuge y los hijos del solicitante principal también podrán aplicar bajo diferentes condiciones económicas.
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Para los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años sin hijos, el aporte requerido al Tesoro será de USD 100.000. En el caso de los menores de 18 años, el monto establecido asciende a USD 25.000 para su inclusión en el programa, según detalla el comunicado oficial.
La presentación de esta iniciativa estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Embajada argentina en París. El evento se realizó en el marco de la Argentina Week París, una actividad enfocada en atraer capitales al país.
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Santilli enfatizó que la Argentina «le abre los brazos» a quienes quieran invertir y desarrollar proyectos en el país. El funcionario subrayó que el nuevo esquema busca «darle certidumbre, confianza, inversión y ciudadanía» a aquellos que deseen apostar por el futuro de la nación.
El jefe de Gabinete vinculó esta medida con el rumbo económico del presidente Javier Milei, anticipando que las inversiones generadas podrán traducirse en nuevas fuentes de trabajo, incremento de la producción y mayores exportaciones. Afirmó que este es «otro paso más en este camino».
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Todos los fondos deberán ser canalizados a través del sistema financiero formal, y estarán sujetos a estrictos controles de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Este requisito busca garantizar la legalidad y el origen de los capitales ingresados.
La evaluación inicial de los postulantes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de organismos públicos especializados. Posteriormente, la Dirección Nacional de Migraciones será la responsable final de aprobar o rechazar cada una de las solicitudes presentadas.
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