Autorizan la búsqueda de bienes argentinos en el exterior por juicio de Aerolíneas

Actualidad05/10/2026

Un tribunal de EE. UU. habilitó al fondo Titan Consortium a embargar activos para cobrar una sentencia millonaria, sumándose a otros laudos adversos al país.

Un tribunal del distrito de Columbia habilitó al fondo Titan Consortium a buscar activos argentinos en el exterior y solicitar embargos. Esta autorización busca cobrar una sentencia superior a los US$390 millones más intereses, reconocida por la Justicia estadounidense en el marco de la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Esta decisión cobra particular relevancia en un escenario donde el Gobierno nacional incorporó al Presupuesto 2027 una partida de US$1100 millones destinada a afrontar sentencias firmes de arbitrajes internacionales. Argentina enfrenta cuatro casos con laudos adversos definitivos y otros siete expedientes pendientes ante el CIADI.

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Aunque la defensa argentina todavía puede apelar la decisión y el procedimiento de cobro podría atravesar nuevas instancias judiciales, la autorización abre la puerta para que los acreedores intenten ejecutar la condena. Este caso se suma a un conjunto más amplio de laudos obtenidos contra el Estado que distintas empresas y fondos buscan hacer efectivos.

Entre los cuatro laudos definitivos que pesan contra Argentina, además del de Aerolíneas Argentinas, se encuentra el de Webuild. La empresa italiana, que demandó por la pesificación de contratos del puente Rosario-Victoria, cuenta con un reclamo habilitado de hasta US$123 millones, aunque Argentina mantiene un pedido de anulación en trámite. Por su parte, la francesa Saur International reclama US$72 millones por la rescisión de la concesión de Obras Sanitarias Mendoza.

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El cuarto expediente con laudo en contra es el de AES Corporation, con una condena por US$716 millones relacionada con la pesificación de contratos de la represa de Alicurá. La compañía estadounidense acudió en agosto de 2025 a la Justicia de Estados Unidos para obtener el reconocimiento del pronunciamiento arbitral, mientras el pedido argentino de anulación sigue en análisis en el CIADI.

Además de los casos con sentencia firme, el mapa de litigios incluye siete expedientes que permanecen pendientes en el CIADI. El más reciente fue iniciado el 15 de septiembre por Petersen y Eton Park, fondos ligados al conflicto por la expropiación de YPF, tras la anulación de una condena de primera instancia por US$16.000 millones.

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El grupo español Abertis mantiene dos reclamos por unos US$375 millones relacionados con concesiones viales y congelamiento tarifario. Uno de estos procesos, que comenzó en 2023, tuvo una audiencia ante el CIADI en agosto de 2026. También continúa pendiente una demanda de la malaya IJM Corporation por US$51 millones, vinculada con el congelamiento de tarifas del Acceso Oeste.

La lista de casos pendientes se completa con el reclamo de BA Desarrollos, que supera los US$58 millones por terrenos del proyecto Catalinas Norte II, y el caso de tres aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP. Estas últimas reclaman US$157 millones por la eliminación del régimen de capitalización previsional y su paso al sistema de reparto.

Desde 1997, Argentina recibió 65 demandas ante el CIADI, perdiendo el 86% de los casos resueltos, con laudos adversos que suman más de US$10.046 millones. La mayoría de estos litigios surgieron tras la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad, aunque varios finalizaron con acuerdos.

La reserva presupuestaria para 2027 no implica el pago inmediato de cada causa ni determina el monto final que desembolsará el Estado. Esta partida, la primera explícita en los ejercicios recientes, solo busca atender posibles obligaciones derivadas de fallos arbitrales, cuyo costo final dependerá de la evolución de cada expediente y las instancias judiciales en diferentes países.