El decreto del Gobierno para el recorte universitario “no supera un test mínimo de razonabilidad”

Política07/10/2026

El juez Martín Cormick falló por un amparo del Consejo Interuniversitario y la UBA; gremios docentes celebran y ratifican marcha federal del 15/10.

El juez Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. La resolución judicial dio lugar al amparo colectivo que fue promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). De esta manera, el fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025.

El magistrado consideró en su fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad”. Sostuvo que la medida permitía suspender la aplicación de una ley en la que el Congreso había insistido con las mayorías agravadas requeridas. Tanto el CIN como la UBA y otras universidades habían presentado el amparo para que se cumpla con las partidas para funcionamiento y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

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Por otra parte, desde el Gobierno confirmaron que apelarán el fallo judicial adverso. Un funcionario de primera línea sostuvo hoy “Apelación, seguro” ante la consulta sobre los próximos pasos del oficialismo. En la gestión de Javier Milei se busca dilatar los tiempos para no cumplir con la normativa, bajo la narrativa de que “no hay plata” para una ley que “sabotea” el superávit fiscal.

Desde el sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) celebraron el dictamen como una contundente victoria de la comunidad universitaria. Al respecto, su secretario general, Pablo Perazzi, destacó el valor de la resolución. «Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso», afirmó.

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En ese marco, Perazzi agregó que «el juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’». A su vez, desde FEDUBA ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, remarcando que el cumplimiento de los derechos se garantiza en las calles.

En paralelo, el dirigente nacional de la CONADU, Federico Montero, convocó a masificar la movilización. «El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular. El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto», expresó.

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En cuanto al rol del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, su entorno afirma que es un fundamentalista del déficit cero y que prefiere esperar el desarrollo judicial. Sobre el impacto fiscal de la normativa, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).