Ibarzabal Murphy rechazó dividir el proyecto de Soberanía y negó amnistía a empresas de Malvinas

La secretaria de Legal y Técnica defendió la iniciativa integral ante los diputados y admitió la posibilidad de incorporar cambios para buscar consenso.

Los bloques aliados de la UCR y el PRO reclaman cambios específicos para firmar el dictamen del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, según informaron fuentes parlamentarias. Los legisladores cuestionan artículos que, según consideran, limitan la libertad de expresión y piden que se defina con claridad qué se considera infraestructura crítica.

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, rechazó hoy en la Cámara de Diputados la propuesta de dividir el proyecto de ley para tratar por separado las sanciones a empresas que operan en las Islas Malvinas y la creación del Consejo de Seguridad. La funcionaria negó que la iniciativa contemple una «amnistía» para las empresas sancionadas y afirmó que el texto «mantiene y agrava las sanciones».

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Ibarzabal Murphy argumentó que el proyecto tiene tres objetivos principales: «Primero, castigar a quienes explotan nuestros recursos de forma ilegítima en las islas», incentivar el cese de esas conductas y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas. La funcionaria defendió la necesidad de una iniciativa integral debido al desarrollo de proyectos hidrocarburíferos y pesqueros en las cuencas Sur y Norte de las Islas Malvinas, destacando el valor estratégico de la zona como «puerta natural a la Antártida».

Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi cuestionó el proyecto al plantear: «Si quieren defender al país de la influencia extranjera, coordinen con el ministro Luis Caputo, que está impulsando todo lo contrario con la venta de ciudadanía a extranjeros». Por su parte, el diputado Eduardo Valdés pidió precisiones sobre el alcance de la «infraestructura crítica» mencionada en el artículo 77 del proyecto, preguntando si integra a empresas como ARSAT, INVAP o ENARSA.

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En ese marco, la diputada libertaria Silvana Giudici defendió que el proyecto «está encuadrado dentro de los principios constitucionales» y de la Resolución 31/49 de la ONU. La legisladora remarcó que el gobierno de Milei «toma una decisión firme al presentar esta ley y llevar el conflicto ante la CONVEMAR».

Por otra parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro expresó preocupación por una «tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave». Ferraro también cuestionó el artículo 40, que deroga la Ley 26.659, al considerar que su derogación total podría generar «un perdón o una amnistía encubierta» para actos administrativos previos.

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