Justicia: cinco días al Gobierno por tierras de extranjeros en Buenos Aires
Actualidad09/10/2026
REDACCIÓNLa Defensoría del Pueblo bonaerense impulsó una medida que exige precisar la superficie rural de titulares extranjeros y conservar registros de 15 años.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó el camino para la derogación de la Ley de Tierras, al revocar una decisión de la Cámara Federal de La Plata que la había frenado. El máximo tribunal no se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino que determinó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas carecía de legitimación para impulsar esa demanda.
En este nuevo escenario judicial, la Justicia federal de La Plata ordenó al Gobierno nacional entregar en un plazo de cinco días toda la información sobre la superficie de tierras rurales bonaerenses en manos de titulares extranjeros. La resolución, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 a cargo de la jueza Güendalina Sessarego, también exige que se precisen las ubicaciones de dichos campos. La medida surgió a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
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El requerimiento judicial busca preservar los antecedentes registrales de los últimos 15 años, un período en el que estuvo vigente la ley 26.737. Esta norma establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras restricciones que dejaron de regir con el DNU firmado por Javier Milei. La cautelar no tiene como objetivo restablecer esos límites, sino evitar que la información acumulada desaparezca o sea modificada.
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Guido Lorenzino, argumentó que la pérdida de estos registros afecta la planificación territorial y el acceso a datos clave para la provincia. El organismo señaló con preocupación la concentración de titularidad extranjera en distritos como Campana y Zárate, donde el conocimiento de la propiedad rural impacta en asuntos territoriales y ambientales. Por eso, el planteo se concentró en la obligación del Estado de conservar los datos existentes.
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En ese marco, Lorenzino afirmó que la flexibilización de los controles no puede dejar a los bonaerenses “a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales”. «No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural», sostuvo el funcionario. Vinculó directamente la preservación de esta información con la protección del medio ambiente.
Además, el titular de la Defensoría remarcó la importancia de la medida para el futuro de la provincia. «Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones», agregó Lorenzino. De esta forma, la discusión judicial se diferencia de la normativa sobre propiedad extranjera, enfocándose en la preservación documental.
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Finalmente, el juzgado platense ordenó de forma específica al Ministerio de Justicia de la Nación que informe la fecha de la última actualización de sus bases de datos. La medida también le exige garantizar la conservación íntegra de todos los registros reunidos durante el tiempo que la legislación derogada estuvo vigente.
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