El costo fiscal de la nueva Ley de Discapacidad podría alcanzar el 0,07% del PBI en 2028
Política09/10/2026
REDACCIÓNUn informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal del 0,04% del PBI en 2027 y 0,07% en 2028, en debate por el superávit.
El Proyecto de Presupuesto para 2027 ya contempla una reserva de $3.660.978 millones, equivalente al 0,26% del PBI, para hacer frente a mayores gastos en jubilaciones y pensiones. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el escenario de incorporación gradual de beneficiarios por la nueva ley de discapacidad absorbería el 16,4% de esos fondos.
El análisis del organismo técnico estimó que el costo fiscal del proyecto ascendería a $598.912 millones en 2027, lo que representa un 0,04% del PBI. Para el año 2028, la cifra se elevaría a $1.209.567 millones, alcanzando el 0,07% del producto bruto. Esta variación responde a dos escenarios posibles: uno de incorporación progresiva de titulares y otro que proyecta la totalidad de los beneficiarios desde el inicio del ejercicio.
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Este dato es considerado relevante en el contexto en que el oficialismo busca atenuar el impacto del proyecto sobre las cuentas públicas para sostener el superávit. Además, la estimación sirve como argumento para los sectores aliados de cara a la sesión del 15 de octubre, donde también se intentará derogar el DNU 70.
Por otra parte, el documento explica que el universo de potenciales beneficiarios surge de aplicar un tope de ingresos de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esto se aplicaría sobre el total de personas de entre 18 y 64 años con Certificado Único de Discapacidad vigente que no perciben la pensión por invalidez laboral en la actualidad.
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En cuanto a la cobertura médica, el informe detalla que se estima que unos 76 mil de los nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud. La OPC aclaró que no se realizó una estimación monetaria de este punto, pero señaló que su ingreso implicaría un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga de los presupuestos provinciales al nacional.
El estudio también indica que el dictamen mantiene una obligación preexistente con los prestadores para compensar los desfasajes entre aranceles e inflación ocurridos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Esa deuda, estimada oportunamente en $278.323 millones, no representa un gasto adicional al marco vigente, sino una obligación pendiente de ejecución.
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