Ceder en la Ley de Tierras para salvar las prepagas, los cielos abiertos y los alquileres
Política09/10/2026
REDACCIÓNEl Ejecutivo activó una movida en comisiones con el fin de frustrar la sesión opositora del 15 de octubre y evitar el colapso del DNU 70/23.
Un cambio de estrategia en el Congreso busca desactivar la amenaza legislativa que pesa sobre el entramado normativo dictado al inicio de la gestión. Para amortiguar la embestida de los bloques opositores que buscan voltear de manera definitiva el DNU 70/23, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones con la meta de modificar la Ley de Tierras y restituir el tope del 15% a la propiedad extranjera. Esta concesión apunta a negociar con la oposición dialogante y desarticular el quórum de la cita parlamentaria fijada para el próximo 15 de octubre.
Detrás de este movimiento táctico subyace la urgencia del Gobierno por resguardar desregulaciones centrales que quedarían sin efecto si la sesión extraordinaria prospera. De caerse el decreto madre, quedarían derogadas de manera automática la liberación del mercado de alquileres, la política de cielos abiertos para la aviación comercial y la eliminación de los techos a las cuotas de la medicina prepaga. Toda la arquitectura financiera de la gestión está diseñada para proteger el equilibrio de las cuentas públicas, una premisa donde el Ministerio de Economía mantiene poder de veto sobre cualquier iniciativa.
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En esa misma línea de captación de recursos para el sistema formal, el Boletín Oficial oficializó la puesta en marcha de la denominada Inocencia Fiscal 2. El régimen entra en vigor de forma inmediata como un mecanismo de reducción de sanciones destinado a bancarizar capitales no declarados. La medida no establece límites máximos de acreditación, otorgando margen a las entidades financieras para pedir respaldos solo en montos elevados, mientras el oficialismo busca acelerar el ingreso de divisas a la economía cotidiana.
A la par de las negociaciones por los decretos económicos, la Casa Rosada busca blindar en comisiones el tratamiento de la Ley Malvinas, rechazando de plano la propuesta de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el MID para fragmentar el texto. La resistencia opositora intenta separar las sanciones a las petroleras que operan en las islas del paquete general de seguridad. Sin embargo, en #LA17, el cronista Pedro Aristarain detalló la posición oficial expuesta por la secretaria técnica y legal de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, quien afirmó ante los diputados que "separar y desvincular la cuestión Malvinas con la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual".
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La norma propone una reestructuración profunda en las facultades del Poder Ejecutivo al crear un Consejo de Seguridad Nacional de formato transversal. Este organismo estará encabezado por el presidente Javier Milei e integrado por la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, Cancillería, Defensa, Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la propia Secretaría Legal. Durante las explicaciones brindadas en el plenario bicameral, María Ibarzábal Murphy enfatizó que "las amenazas hoy no son solamente las guerras tradicionales sino que pueden ser amenazas de todo tipo, incluidas las injerencias extranjeras o incluidos los ciberataques".
Las mayores prevenciones del arco opositor se concentran en el capítulo dedicado a la seguridad interior y el rol otorgado a las Fuerzas Armadas dentro del territorio. El articulado, cuya redacción fue impulsada de manera directa por Santiago Caputo, incorpora penalidades de entre 5 y 12 años de prisión para quienes ejecuten campañas de desinformación desde el país. El texto deja bajo sospecha el financiamiento externo hacia medios de comunicación y comunicadores, asignando a los organismos de inteligencia la tarea de identificar y clasificar dichas conductas.
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Las contradicciones del proyecto abrieron un severo cuestionamiento en el Congreso por el uso histórico de herramientas digitales en la contienda política. En el análisis transmitido por #LA17, se remarcó el contraste de imponer penas a la desinformación cuando actores vinculados al propio espacio oficialista, como Fernando Cerimedo, ejercieron el adiestramiento de redes y ejércitos de usuarios automatizados en diversos procesos electorales de la región. La ambigüedad de la redacción deja un margen difuso entre la persecución de operaciones internacionales y la labor informativa periodística.
El debate por la soberanía austral recobró impulso legislativo tras la visibilidad pública que tuvo la causa en eventos deportivos internacionales y las novedades comerciales asociadas al proyecto petrolero Sea Lion. Ante la consulta de los periodistas en el estudio de #LA17, el cronista en el Congreso aclaró que el nuevo cuerpo de coordinación defensiva "no viene a fusionar a todos los integrantes permanentes, sino que viene a coordinarlos bajo una misma mirada" para actuar con agilidad ante escenarios que afecten los intereses estratégicos de la Nación.
El clima de tensión en el Palacio Legislativo sumará en las próximas horas un nuevo foco de conflicto a partir de los datos que involucran el activo financiero del país. La oposición prepara una seguidilla de pedidos de informes y proyectos de citación tras la difusión del informe de la Auditoría General de la Nación sobre los movimientos y la ubicación de las reservas de oro del Banco Central, un frente de investigación que promete tensar todavía más el vínculo entre las bancadas y la Casa Rosada.
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