Un juez aceptó la apelación del Gobierno pero mantuvo cautelar por el Financiamiento Universitario

La Justicia envió el expediente a la Cámara de Apelaciones, pero ratificó la obligación del Ejecutivo de destinar fondos a las universidades.

El Gobierno nacional advirtió que cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario implicaría reasignaciones presupuestarias que alcanzarían el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. Esta advertencia surge tras la decisión judicial de mantener una cautelar vigente que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa.

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dio lugar a la apelación del Gobierno contra el fallo que avalaba la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción eleva el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que será la encargada de definir si se confirma o revoca la resolución de primera instancia.

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Sin embargo, el magistrado decidió dar continuidad al trámite de ejecución de la cautelar vigente que ya había sido dictada. Dicha medida judicial ordena al Ejecutivo a otorgar partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponer los salarios de docentes y no docentes, y actualizar las becas estudiantiles.

Desde el Ministerio de Capital Humano ya habían rechazado la decisión del juez, al considerar que genera «agravios concretos y de significativa gravedad institucional». Además, las autoridades nacionales sostuvieron que compromete seriamente el orden fiscal del país.

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Entre los puntos cuestionados, el Gobierno afirmó que cumplir con la ley «proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas». Argumentaron que no se identificó una «fuente de financiamiento específica y suficiente» para su implementación.

De acuerdo con un escrito, las autoridades consideran que la Ley de Financiamiento Universitario se financiará «mediante reasignaciones» de presupuesto. Estas reasignaciones afectarían el alto porcentaje de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional antes mencionado.

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En esa línea, las autoridades también remarcaron que la Ley 24.629 debe ser interpretada de forma «armónicamente» junto con las leyes 24.156 y 27.798. Estas últimas establecen normas específicas para autorizar y ejecutar el gasto público en el país.