Data Centers y mineras deberán respaldar su demanda energetica o recibirán multas
Actualidad13/10/2026
REDACCIÓNLa Secretaría de Energía exige a grandes consumidores (mineras, centros de datos y petroleras) respaldar su demanda eléctrica con infraestructura o contratos.
Las empresas que incumplan el nuevo Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) podrán afrontar recargos de entre el 50% y el 100%, además de incrementos de hasta el 400% en los cargos por potencia no respaldada. En situaciones de escasez, estas compañías también perderán la prioridad de suministro, afectando la continuidad operativa de instalaciones con necesidades eléctricas permanentes.
La Secretaría de Energía creó esta medida a través de la Resolución 264/2026, con el objetivo de que las grandes inversiones en minería, inteligencia artificial y petróleo y gas garanticen su propia energía. El esquema alcanza a los emprendimientos que demanden 80 megavatios (MW) o más, una escala de consumo que corresponde a grandes explotaciones, centros de datos y desarrollos energéticos.
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El régimen establece que las empresas deberán cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con nueva infraestructura de generación, mediante contratos o instalaciones propias. Los emprendimientos industriales y mineros deberán acreditar capacidad firme equivalente al 100% de su demanda máxima, mientras que los centros de datos tendrán que respaldar el 115%.
Esta obligación subraya la diferencia entre simplemente contratar energía y contar con capacidad firme, la cual asegura que exista potencia suficiente para responder a todos los requerimientos operativos. Por lo tanto, las compañías alcanzadas deberán demostrar que su abastecimiento cuenta con el respaldo previsto en la normativa.
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El impacto de la medida podría alcanzar especialmente a los proyectos ya incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificando sus cálculos de inversión. La minería de cobre y litio, los desarrollos de petróleo y gas y los centros de datos se encuentran entre los sectores que podrían quedar comprendidos, dada su alta demanda energética.
Las compañías que ya tramitan solicitudes de acceso a la red eléctrica tendrán un plazo de 60 días corridos para adecuar sus proyecciones de demanda a cinco años. Esta exigencia introduce un requisito adicional para iniciativas que avanzaban en la planificación de sus necesidades energéticas.
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Según el análisis del abogado Sebastián Álvarez, socio del estudio Brons & Salas, la normativa busca preservar reservas de energía y priorizar el suministro a hogares, comercios y pequeñas y medianas empresas. Este criterio traslada parte del costo de ampliar la oferta eléctrica directamente sobre los grandes proyectos.
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