Dos fallos judiciales cuestionan el plan de Ciudadanía por Inversión del Gobierno
Política14/10/2026
REDACCIÓNEl plan de Ciudadanía por Inversión del Gobierno, que permite nacionalidad con aportes, enfrenta objeciones de tribunales y legislativas para su derogación.
Dos tribunales federales declararon inconstitucional o nulo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 que habilitó el programa de Ciudadanía por Inversión. Los fallos, conocidos el 18 de junio y el 30 de junio de 2026, representan el principal obstáculo institucional para el plan del Gobierno, aunque no examinaron solicitudes directas de inversores.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la inconstitucionalidad del DNU el 18 de junio de 2026, en una causa sobre una solicitud de naturalización ordinaria. El tribunal cuestionó que el Poder Ejecutivo modificara por decreto las reglas de ciudadanía y el traslado de atribuciones judiciales a la Dirección Nacional de Migraciones.
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Posteriormente, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU el 30 de junio de 2026, también en un expediente de naturalización ordinaria. El tribunal sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía modificar aspectos de un régimen relacionado con el ejercicio de derechos políticos mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El Gobierno de Javier Milei lanzó el programa Ciudadanía por Inversión con el objetivo de atraer capitales extranjeros, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este permite a extranjeros obtener la nacionalidad sin haber residido previamente en el país, a cambio de aportes económicos significativos.
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El DNU 366/2025 modificó la Ley de Ciudadanía 346 para crear esta vía de naturalización, transfiriendo a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar las cartas de ciudadanía. También se creó una agencia específica dentro del Ministerio de Economía para evaluar las solicitudes presentadas por los interesados.
El programa contempla dos alternativas económicas principales: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro nacional, o la suscripción de un título público por US$ 800.000. Estas condiciones buscan captar recursos del exterior al vincular el acceso a la nacionalidad con la inversión de capitales.
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La instrumentación del sistema no se limita al pago, ya que la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evalúa cada presentación. Dicha agencia solicita informes a organismos competentes y emite una recomendación sobre la aprobación o rechazo de cada caso.
Además, la decisión final recae en Migraciones, que debe considerar los antecedentes y la información recopilada durante el procedimiento. La importancia de la diferencia entre los casos judiciales y el programa anunciado por el Gobierno reside en que las resoluciones afectan el marco normativo del programa, aunque no son fallos en casos concretos de inversores.
En paralelo, el debate sobre esta iniciativa llegó al Congreso, donde diputadas de Unión por la Patria presentaron proyectos para derogar los artículos del DNU que habilitaron la naturalización por inversión. Estos proyectos argumentan que el acceso a la nacionalidad no debería depender de la capacidad económica ni sustituir los criterios de naturalización ordinaria. El Gobierno, por su parte, anunció que apelará las resoluciones judiciales.
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