Una demanda millonaria apunta a la red de empresas que sostiene la pesca en Malvinas
Actualidad15/10/2026
REDACCIÓNLa demanda judicial no solo apunta a pesqueras del Atlántico Sur, sino a bancos, astilleros y aseguradoras, reclamando más de US$ 26.000 millones.
Una demanda colectiva extendió su alcance más allá de los buques pesqueros para incluir a toda la estructura comercial y financiera que sostiene la explotación en las Islas Malvinas. La presentación judicial incorpora a bancos, astilleros, aseguradoras y diversos proveedores de servicios. El objetivo es que el análisis judicial no se limite a quienes realizan las capturas, sino a toda la red que permite sostener las operaciones a gran escala.
La inclusión de estos actores se basa en el argumento de que la actividad pesquera depende de una compleja red de participantes. Según el escrito, el financiamiento para las operaciones, el mantenimiento de las embarcaciones, la contratación de seguros y los servicios logísticos son componentes fundamentales. La fundación impulsora pretende que la evaluación de responsabilidades contemple a todas las firmas que están relacionadas con el negocio.
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La presentación fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que atribuye a las firmas involucradas la responsabilidad por explotar recursos naturales sin la debida autorización del Estado argentino. El planteo legal sostiene que las operaciones se desarrollan en un área cuya soberanía es reclamada por Argentina. Por este motivo, la demanda solicita que la Justicia examine las responsabilidades de las empresas y determine las medidas correspondientes.
En concreto, el reclamo solicita dos medidas centrales a la Justicia. Por un lado, se pide que se ordene el cese inmediato de todas las operaciones de las compañías demandadas en las aguas que se encuentran en disputa. Por otro lado, la petición busca una condena que obligue a las empresas a reparar económicamente los daños que fueron denunciados.
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El monto de la reparación económica exigida supera los 26.000 millones de dólares. Esta cifra, según la organización, está vinculada con los perjuicios ambientales, económicos y sociales derivados de la actividad pesquera no autorizada. Sin embargo, la información disponible no detalla los criterios utilizados para calcular el monto total ni discrimina cuánto correspondería a cada categoría de daño.
De acuerdo con el texto de la demanda, la explotación de los recursos marinos se ha mantenido sin la autorización correspondiente por parte de Argentina durante décadas. El reclamo judicial ubica el inicio de las operaciones cuestionadas al menos en el año 1989. Este argumento sobre la extensión temporal del conflicto constituye uno de los fundamentos del pedido de reparación económica.
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Por otra parte, la acción judicial alcanza a un amplio espectro de actores dentro de la industria pesquera. Según el escrito, entre las demandadas se encuentran empresas pesqueras de origen español y sociedades mixtas que tendrían relación con capitales isleños. La presentación también menciona la presunta vinculación de algunas compañías argentinas con las operaciones en el Atlántico Sur.
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