Aseguran que los costos laborales y la informalidad perjudican a la industria argentina
Chubut15/10/2026
REDACCIÓNOscar Dethier advirtió que los impuestos, los costos laborales y la informalidad afectan la competitividad industrial y el financiamiento previsional.
La presión tributaria, los costos asociados al empleo registrado y la elevada informalidad laboral forman parte de los principales obstáculos que enfrenta la industria argentina. Oscar Dethier, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Industrial de la Patagonia (CIMA), cuestionó las condiciones en las que deben competir las empresas nacionales y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de la reducción del trabajo formal. Durante una entrevista con #LA17, reclamó una revisión estructural del sistema que permita sostener la producción y ampliar las oportunidades laborales.
El representante industrial explicó que la discusión sobre los impuestos no debería limitarse a las alícuotas que pagan las empresas. Consideró igualmente importante evaluar cómo se utilizan los recursos públicos y qué servicios reciben los contribuyentes a cambio de sus aportes. La relación entre presión fiscal, eficiencia estatal y competitividad constituye, según su análisis, una de las cuestiones que Argentina necesita revisar.
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Dethier cuestionó el funcionamiento del sistema previsional y de las obras sociales, al considerar que atraviesan dificultades estructurales que afectan tanto a trabajadores como a empleadores. También señaló deficiencias en distintos servicios públicos que, desde su perspectiva, no guardan relación con los costos que afronta el sector formal. "Tenemos precios o impuestos muy caros que paga solamente el que está en blanco", expresó durante la conversación.
Otro de los problemas identificados fue la competencia desigual entre empresas que cumplen con todas las obligaciones laborales e impositivas y actividades que permanecen fuera de los mecanismos de registración. El dirigente explicó que numerosas firmas proveedoras de compañías como Aluar o YPF deben acreditar el cumplimiento de exigencias laborales, fiscales y administrativas. Ese esquema de controles favorece la formalización, pero también expone las diferencias de costos frente a sectores que operan sin las mismas obligaciones.
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La informalidad laboral ocupó un lugar central en sus advertencias. Dethier sostuvo que alrededor del 47% de los trabajadores argentinos se encuentra fuera del empleo formal, una proporción que, según su planteo, compromete la sustentabilidad del sistema económico. Además, afirmó que una parte importante de quienes pierden empleos registrados termina incorporándose al monotributo, situación que consideró insuficiente para reflejar una recuperación genuina de las condiciones laborales.
La reducción del empleo registrado también tiene consecuencias sobre el financiamiento de las jubilaciones y la cobertura sanitaria. El representante de CIMA explicó que las dificultades del sector productivo afectan los aportes que sostienen esos sistemas, por lo que el deterioro laboral termina extendiéndose al conjunto de la sociedad. En ese sentido, consideró que las discusiones sobre competitividad y costos empresariales no pueden separarse del futuro de la seguridad social.
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Para describir las desventajas competitivas, Dethier propuso comparar las condiciones productivas argentinas con las de países como Brasil, Chile y Paraguay. Sostuvo que las empresas nacionales enfrentan costos elevados que dificultan su participación en determinados mercados y reducen sus posibilidades de expansión. La búsqueda de condiciones más competitivas debería permitir fortalecer el tejido industrial y aumentar la contratación de trabajadores registrados, en lugar de profundizar la dependencia de actividades vinculadas exclusivamente con los recursos naturales.
El integrante de CIMA insistió en la necesidad de establecer una planificación estratégica que involucre al Estado, las empresas y los trabajadores. Consideró que la recuperación del empleo formal requiere decisiones sostenidas sobre tributación, servicios, productividad y desarrollo industrial. Su preocupación central es que la pérdida progresiva de actividad privada reduzca las posibilidades de crecimiento y complique aún más el sostenimiento de los sistemas previsional y sanitario.
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