Prohíben al financista Ariel Vallejo operar en el sector y le secuestran 24 vehículos
Actualidad18/10/2026
REDACCIÓNEl juez Rodríguez Ponte dictó medidas contra Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, vinculado a "Chiqui" Tapia, por lavado de activos. Vallejo evalúa abrir una joyería.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó prohibirle al financista Ariel Vallejo prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”. La medida judicial impide al titular de Sur Finanzas su inscripción, constitución o participación en cualquier entidad que preste servicios financieros, como proveedores de pago o similares.
En el marco de la causa, el magistrado también dispuso la entrega de 24 vehículos pertenecientes a Vallejo a la Corte Suprema. La resolución busca “garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en el futuro, en el contexto de la investigación por evasión y lavado de activos.
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Estas disposiciones forman parte de una batería de 41 medidas de prueba que Rodríguez Ponte ordenó en la causa por el manejo de Sur Finanzas, empresa sospechada de lavado de dinero que quedó ligada a la AFA y a varios clubes del fútbol argentino. Además, el juez solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias y billeteras virtuales del grupo empresario.
En respuesta a las medidas judiciales, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia reveló sus planes a futuro a través de un video en sus redes sociales. Vallejo manifestó su intención de abrir un nuevo negocio y dijo: «En la actividad comercial tengo ganas de poner una joyería, así que veremos si puedo buscar algún socio para poner una joyería».
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Por otra parte, ante una consulta sobre fútbol, el empresario abrió la puerta a una nueva actividad profesional. «Ahora vamos a tener mas tiempo. Capaz hacemos algún curso de dirigente deportivo. Quien sabe», expresó Vallejo en la misma grabación.
El juez también solicitó informes sobre los bienes de los investigados a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a las agencias de recaudación ARBA y ARCA. La medida alcanza a las personas, clubes y sociedades bajo investigación en el expediente judicial.
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