Néstor García relató el dolor por el nuevo juicio contra Néstor Pavón, acusado de coautoría en el femicidio de su hija, y criticó la implementación de la Ley Micaela.
Néstor García, padre de Micaela García, lamentó la drástica reducción de los talleres de capacitación en género y violencia impulsados por la Ley Micaela, que pasaron de siete a dos por mes. El progenitor de la joven asesinada en 2017 señaló que esta situación demuestra que el Gobierno actual «descree en la temática», a pesar de que algunas personas que participaron en las capacitaciones modificaron su visión.
El jueves 29 de octubre comenzará un nuevo debate oral en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos, contra Néstor Pavón. Este último había sido condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento, pero ahora será juzgado nuevamente acusado de ser coautor del crimen que terminó con la vida de Micaela.
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En la antesala del proceso, García expresó su dolor y expectativa, asegurando: «Desde hace días que no duermo». Además, compartió con la agencia Noticias Argentinas que junto a Andrea, la madre de Micaela, están «permanentemente con este caso en la cabeza», reviviendo todo lo ocurrido mientras preparan los argumentos para el tribunal.
La familia cuestionó la demora judicial para determinar el nuevo juicio, si bien la Corte Suprema tardó, la mayor dilación se produjo en la Justicia de Entre Ríos. Néstor García expuso que, mientras sus apelaciones eran rechazadas, el pedido de libertad condicional de Pavón se resolvió rápidamente e incluso se aceptó una camioneta como fianza, lo cual calificó de inusual.
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Por otra parte, la querella había solicitado la prisión preventiva de Pavón, sosteniendo que una persona sospechada de un femicidio no debería esperar el juicio en su domicilio. Sin embargo, la petición fue rechazada con el argumento de que no existía peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En ese marco, la situación es aún más curiosa ya que Néstor Pavón reside en Santiago del Estero y no en Entre Ríos, lo que podría generar un peligro procesal antes del inicio del debate. A pesar de la negativa a la prisión preventiva, se estableció que el acusado debía erradicarse en Gualeguay 20 días antes del comienzo de las audiencias, un traslado que, según el padre de la víctima, ya debería haberse concretado.
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