Anulan la condena de US$16.100 millones contra Argentina y el caso YPF va a la Corte Suprema de EEUU
Actualidad20/10/2026
REDACCIÓNLa jueza Loretta Preska anuló su sentencia contra Argentina tras el fallo de Cámara. Burford Capital busca que la Corte Suprema revise la decisión.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena millonaria contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF. La decisión anuló una sentencia de primera instancia emitida en 2023 que obligaba al país a pagar US$16.100 millones, monto que con intereses superaba los US$18.000 millones.
Como consecuencia de este pronunciamiento, la jueza federal Loretta Preska dejó sin efecto formalmente su propio fallo y dio por cerrada la etapa inicial del proceso. Con esta orden, la magistrada puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la expropiación de la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner.
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El fallo de la Cámara, dictado en marzo por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, concluyó que se había interpretado de forma errónea la ley argentina. El tribunal determinó que la legislación de expropiación del país impide demandas de terceros que interfieran con dicho proceso y que el estatuto de YPF no es un contrato bilateral que habilite reclamos por daños.
Tras agotar la instancia de apelación ordinaria, el fondo de litigios Burford Capital presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El demandante, financista de los ex accionistas Petersen Energía y Eton Park, calificó la decisión de la Cámara como «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes».
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Por otra parte, Burford abrió de manera paralela un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este organismo es dependiente del Banco Mundial y el reclamo se realiza en representación de las sociedades Petersen.
La admisión del caso por parte del máximo tribunal estadounidense no es obligatoria y no existen plazos fijados para que se expida al respecto. La Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones de este tipo anualmente, pero suele conceder la revisión de solo unos 80 expedientes.
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