Veintiún jueces federales mostraron inquietud por una reforma que alteraría su rol y carga de trabajo en juicios, con el sistema acusatorio.
Un total de 21 jueces de los tribunales orales federales de Comodoro Py manifestaron su preocupación ante una eventual unificación de funciones con los magistrados de primera instancia. Según advirtieron, esta modificación podría alterar la naturaleza de sus responsabilidades y generar un incremento en la ya elevada carga de trabajo que manejan.
Los magistrados enviaron una nota al Gobierno nacional, la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal, donde detallaron las posibles consecuencias de esta reforma. La iniciativa aún no se tradujo en una propuesta formal, pero comenzó a generar inquietud en el contexto de la próxima implementación del sistema acusatorio.
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La principal preocupación de los firmantes radica en la posibilidad de que los jueces de garantías y los integrantes de los tribunales orales puedan intervenir tanto en la etapa de investigación como en la instancia de juicio. Consideran que una modificación de ese tipo desdibujaría la función de juzgar, central para ellos en la etapa de debate, donde se producen las pruebas y se dictan las sentencias.
Además, los jueces señalaron la carga de trabajo que ya enfrentan, argumentando que la transición hacia el sistema acusatorio no elimina los expedientes iniciados bajo el esquema anterior. Esta situación los obliga a continuar con los procesos antiguos mientras atienden las causas nuevas y las obligaciones propias de los juicios, a lo que se suma la emisión y control de sentencias.
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Los 21 jueces recalcaron que incorporar nuevas funciones sin una evaluación de los recursos disponibles podría incrementar la sobrecarga y afectar la organización cotidiana de los tribunales. Por ello, reclamaron ser incluidos en cualquier instancia de discusión sobre la reforma, enfatizando que las decisiones sobre competencias judiciales inciden directamente en el funcionamiento de los órganos que deben aplicarlas.
Por el momento, la unificación de funciones permanece como una alternativa en análisis, sin que exista un proyecto formal que establezca cómo se instrumentaría la modificación. Los planteos de Comodoro Py apuntan a una posibilidad que todavía está en debate y que la implementación del sistema acusatorio enmarca, sin ser una medida ya aprobada.
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