El descuento en los taxis para adultos mayores no fue derogado y debe ser respetado
Chubut22/10/2026
REDACCIÓNLa Asociación de Propietarios dejó de aplicar la tarifa reducida pese a que la norma sigue vigente. El municipio alista el registro para regular el funcionamiento de Uber y Didi.
El servicio de transporte de pasajeros en Puerto Madryn sumó una nueva tensión tarifaria tras la decisión unilateral de la Asociación de Propietarios de Taxis de suspender el descuento obligatorio destinado a los jubilados. La entidad argumentó que la reciente aprobación del marco regulatorio para las plataformas digitales liberó las condiciones de contratación del sector, interrumpiendo un beneficio social que funcionaba por acuerdo de partes y que no cuenta con subsidios de las arcas municipales.
En #LA17, el concejal madrynense Federico Garitano ratificó que la normativa que protege a los adultos mayores no fue derogada por el cuerpo legislativo y debe ser respetada. "La ordenanza está vigente y tiene que ser cumplida. Hubo una decisión de la Asociación de Propietarios porque ellos entienden que se superpone con esa ordenanza que aprobaron hace poco respecto a las aplicaciones, pero la ordenanza del descuento a jubilados debe seguir aplicándose", aseveró el edil durante la charla radial.
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La quita del beneficio afectó de inmediato a los usuarios en un contexto de retracción del consumo generalizado en la ciudad. Al tratarse de un servicio público, la regulación de la bajada de bandera y de las fichas permanece bajo el control estricto del Poder Ejecutivo local, sin que la llegada de las empresas tecnológicas modifique la potestad del Estado municipal para fijar los precios del sistema tradicional.
El origen de la tarifa diferencial para los adultos mayores respondió a un esquema promocional diseñado para volcar demanda hacia los taxis en momentos de baja actividad. "No está subsidiado por la municipalidad, era un acuerdo que habíamos hecho con las asociaciones de propietarios. Lo que se buscaba era promocionarlo ya que debido a la crisis y al bajo nivel de trabajo que viene teniendo el sector, entendíamos que iba a impulsar que se inclinen por el taxi", aclaró Garitano en nuestra radio.
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La reacción de los propietarios de taxis coincide con el avance del plazo de 90 días establecido para reglamentar la ordenanza que habilitó el funcionamiento de plataformas como Uber, Didi y Cabify. El texto promulgado contempla la creación de un registro obligatorio de conductores, al cual deberán asentarse los choferes privados cumpliendo requisitos técnicos y administrativos equivalentes a los exigidos para la habilitación de taxis y remises.
La oposición parlamentaria advirtió sobre las dificultades operativas que enfrentará el cuerpo de inspectores urbanos para fiscalizar la circulación de vehículos no declarados. La proliferación de unidades que operan de forma irregular amenaza con profundizar la crisis de rentabilidad que golpea tanto a las paradas tradicionales como a los propios choferes que buscan regularizar su situación.
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Durante el diálogo transmitido por la emisora, el edil fundamentó su voto negativo a la legalización de las plataformas digitales. "Van a ser muy pocos los que se inscriban de la manera que corresponde y van a ser muchísimo más los que van a seguir trabajando de manera irregular. Ese control me parece que tiene que ser muy exhaustivo para disminuir el perjuicio que le están generando al sector de taxis y remises y también a los propios que hacen servicios de aplicaciones", enfatizó Garitano.
La falta de empleo formal y la pérdida del poder adquisitivo empujaron a numerosos vecinos de la comarca a utilizar sus vehículos particulares como fuente alternativa de ingresos. Esta saturación de la oferta derivó en una caída vertical en la cantidad de viajes diarios por chofer y en incrementos tarifarios dispuestos por las propias plataformas internacionales.
A diferencia del transporte de pasajeros, los servicios de mensajería y entrega de alimentos no revisten el carácter de servicio público regulado por el Estado. La fiscalización municipal concentrará sus recursos en verificar las licencias y coberturas de seguro de las unidades dedicadas al traslado de personas.
El Ejecutivo comunal avanza en la redacción final del protocolo de aplicación que definirá las multas para los prestadores no inscriptos. Las agrupaciones del sector aguardan una reunión con las autoridades de transporte antes del vencimiento del plazo reglamentario.
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