Impulsan penas de hasta 20 años de prisión por la explotación de recursos en las Islas Malvinas

Política24/10/2026

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional crea un Consejo de Seguridad Nacional; su tratamiento en Diputados se enfrió por desacuerdos y calendario ajustado.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que se debate en la Cámara de Diputados, prevé el endurecimiento de las penas con hasta 20 años de prisión por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La iniciativa también establece la inhabilitación para que las empresas infractoras puedan operar en la Argentina. Con esta medida, se busca reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.

Además, el texto propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros funcionarios. Esta unidad se encargaría de la coordinación estratégica de diversas áreas y podría disponer medidas urgentes ante amenazas, como restringir operaciones cambiarias y financieras o bloquear fondos y activos. Entre sus prerrogativas más severas, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso.

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El tratamiento de la iniciativa se encuentra demorado luego de que no se lograra emitir dictamen el pasado martes 20 de octubre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto volverá a reunirse el próximo martes a las 16 hs. En caso de conseguir un acuerdo, la última fecha disponible en el calendario para llevar el proyecto al recinto sería el miércoles 28 de octubre.

Desde la oposición atribuyen la demora a un giro en la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa de soberanía. El diputado de Unión por la Patria y ex canciller, Jorge Taiana, aseguró que el discurso oficialista se debilita ante los intereses económicos norteamericanos. «Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump», consideró en la red social X.

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Sin embargo, otros factores también influyen en la ralentización del trámite parlamentario, como las diferencias que La Libertad Avanza no pudo zanjar con sus aliados sobre aspectos sensibles del proyecto. A esto se suma un calendario legislativo muy ajustado para el mes de noviembre, calificado como “sold out”. La prioridad absoluta del oficialismo es la discusión del Presupuesto 2027, lo que deja poco margen para otras agendas.

La planificación legislativa de noviembre también se ve complicada por eventos extraordinarios. Los feriados por la visita del Papa León XIV los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) entorpecen la organización del cronograma de trabajo. En paralelo, las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizarán el martes 3 de noviembre, podrían motivar el viaje de una comitiva de diputados oficialistas para presenciar la jornada.

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La iniciativa también incorpora nuevas figuras delictivas, como la revelación de secretos a Estados extranjeros, la colaboración con operaciones de inteligencia clandestinas y la realización de acciones para alterar procesos electorales con financiamiento externo. Se prohíben además los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. Asimismo, se redefine el rol de la Defensa Nacional para autorizar su intervención en seguridad interna.

Por otra parte, el proyecto de ley contempla la incorporación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta herramienta habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo. También se creará un registro público de infractores a la ley de soberanía, con quienes el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar.