La Fiscalía en la causa Hotesur-Los Sauces, detalló que el 65% de la facturación provenía del Grupo Indalo

Acusación: Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción para enriquecer a empresarios y familia, con $25.968.042,30 en alquileres.

La mayor parte de la facturación de la sociedad Los Sauces, un 65%, correspondía a dinero proveniente de empresas del Grupo Indalo, mientras que un 23% se originaba en el Grupo Báez. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, la firma facturó un total de $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles durante el período investigado.

Este lunes, el Tribunal Oral Federal N°5 realizó una nueva audiencia en la que continuó la lectura de las acusaciones contra Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. La Fiscalía, liderada por Diego Velasco, sostiene que se investiga una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual los exmandatarios montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado.

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El objetivo de la maniobra, según la parte acusatoria, era enriquecer ilegítimamente a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como a la propia familia Kirchner. La fiscalía afirmó que para sostener esta operatoria durante más de 12 años fue necesaria la intervención de una gran cantidad de personas, incluyendo a los hijos del matrimonio, funcionarios y empresarios. En ese sentido, el fiscal agregó que «Cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó».

En cuanto a los roles, la firma Los Sauces fue creada en 2006 por el matrimonio Kirchner y su hijo Máximo, quien fue nombrado presidente y se mantuvo en el cargo hasta 2015, cuando fue reemplazado por Romina Mercado, sobrina de los expresidentes. Néstor Kirchner fue director suplente hasta su fallecimiento en 2010, rol que Cristina Kirchner ocupó hasta 2014, mientras que Florencia Kirchner ingresó como vicepresidenta en 2012.

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Por su parte, los empresarios Báez, López y De Souza habrían aportado la “ingeniería societaria y contable” para obtener fondos públicos y otros beneficios garantizados desde el Estado. La acusación vincula los hechos con la causa Vialidad, argumentando que los fondos que ingresaban a la empresa provenían de la asignación irregular de obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez o de beneficios impositivos ilegítimos otorgados al Grupo Indalo.

La hipótesis fiscal indica que la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y hoteles a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas de los grupos mencionados. Entre los inmuebles se encuentra el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, que fue adquirido en 2015 por USD 370.000 mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).

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Además, la fiscalía remarcó que hubo “inconsistencias” y alteraciones en los libros societarios de la firma, confeccionados para “enmascarar o recortar la verdad de los hechos”. Se señaló que el arrendamiento de las propiedades no era tratado por el directorio, sino que se entregaba directamente a los empresarios vinculados.

Finalmente, la acusación destacó que la sociedad Los Sauces no contaba con una sede social ni con empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Los únicos dos trabajadores registrados fueron Florencia Kirchner, quien fue sobreseída y no es parte del juicio, y el jardinero personal de Cristina Kirchner.