Informes de la Oficina Anticorrupción basaron el sobreseimiento de Milei en la Causa $LIBRA

El fiscal Taiano usó dictamen de la OA y datos de Sec. Legal y Técnica para pedir el cierre, al que juez Martínez de Giorgi accedió en 26 horas.

Un informe de la Oficina Anticorrupción y una confirmación de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia fueron dos de los fundamentos centrales del fiscal Eduardo Taiano para solicitar el sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa $LIBRA. El reporte de la Oficina Anticorrupción concluyó que el mandatario no incurrió en una infracción a la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Por su parte, la Secretaría de Legal y Técnica y Asuntos Presidenciales confirmaron de forma “contundente” que no existen registros sobre un posible “acuerdo confidencial” entre Hayden Davis y Javier Milei antes del lanzamiento del token.

Con base en la solicitud del fiscal, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió desestimar la investigación y confirmó el sobreseimiento del presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve imputados. En un fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el titular del Juzgado Federal N°8 consideró que hubo inexistencia de delito, dado que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”.

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En el escrito presentado ante el juzgado, Taiano afirmó que con las pruebas reunidas no había “sustento fáctico alguno” para avanzar en la investigación por presunta estafa. El fiscal consideró que el proyecto de la criptomoneda “efectivamente existía” y que el token fue lanzado. Además, sostuvo que la operatoria “se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain” y que las empresas involucradas “tenían existencia concreta”.

Asimismo, el fiscal apuntó que ninguno de los hechos cuestionados constituye el delito de estafa, como la caída abrupta del activo digital ocurrida en pocas horas. Taiano también desestimó las acusaciones contra Karina Milei por presunto tráfico de influencia, ya que según las pruebas no se pudo probar “un intercambio indebido” por supuestamente recibir dinero de empresarios para organizar reuniones con el presidente.

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Con estos fundamentos, la causa fue cerrada en primera instancia y quedó al borde de su archivo definitivo, debido a que el único con potestad para impulsar la investigación era el fiscal Taiano. Previamente, el juez Martínez de Giorgi había decidido apartar del caso a cinco inversores afectados que actuaban como querellantes. Uno de ellos ya presentó una apelación contra el sobreseimiento en carácter de “pretenso querellante” y, junto al resto de los denunciantes, aguarda una resolución de la Cámara Federal de Casación para volver a ser parte del expediente.

La celeridad de la resolución judicial fue uno de los aspectos destacados del proceso, que se completó en apenas 26 horas. Según trascendió, el fiscal Taiano firmó su dictamen el jueves 22 de octubre a las 11:32. La sentencia fue suscripta por el secretario del juzgado el viernes 23 a las 13:30 y, finalmente, por el juez Martínez de Giorgi a las 14:29 de ese mismo día.

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