Confirman la condena de 15 años para un subprefecto de la PNA por abusar de una subordinada

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de queja y dejó firme la sentencia que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Como parte de la condena contra el subprefecto Jorge Daniel Barceló, el tribunal a cargo ordenó la extracción de su perfil genético para ser remitido al Banco de Datos Genéticos. Esta medida se dispuso en cumplimiento de la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, y se ejecutará una vez que la sentencia quede firme.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la semana pasada el recurso de queja presentado por la defensa del ex prefecto, dejando así firme la condena. La resolución de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideró que la presentación no cumplía con los requisitos formales.

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De esta manera, quedó confirmada la sentencia a 15 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo original había sido dictado por el Tribunal Oral Federal de Posadas, que consideró los hechos como parte de un patrón sistemático de violencia de género, hostigamiento laboral y abuso de autoridad.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal había destacado el contexto en el que ocurrieron las agresiones. «Barceló actuó con impunidad valiéndose de un contexto de estricta jerarquía y asimetría de poder dentro de una fuerza de seguridad verticalista, sometiendo a la víctima a un proceso sostenido de violencia laboral, psicológica y sexual», sostuvo el fiscal interino Pablo Ricardo Di Loreto.

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La sentencia también ordenó una indemnización para la víctima por los daños materiales y morales sufridos. Además, se dispuso la revisión administrativa obligatoria de las sanciones que la Prefectura Naval Argentina le había impuesto y la restitución de sus derechos y antecedentes dentro de la fuerza.

Los hechos juzgados comenzaron a principios de 2020, cuando la víctima sufrió un accidente vial que le causó una fractura en la muñeca. Barceló, abusando de su jerarquía, le negó la licencia médica correspondiente y le ordenó realizar servicios administrativos, dando inicio a un ciclo de persecución laboral y abuso.

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Ante las negativas de la subordinada a aceptar sus insinuaciones y propuestas personales, el oficial inició un hostigamiento constante con insultos, cambios arbitrarios de guardia, evaluaciones negativas y sanciones desproporcionadas. Para encubrir la irregularidad del certificado médico no registrado, Barceló también ordenó fraguar un parte de novedades y asentar datos falsos en el libro de guardia de la unidad.

La damnificada denunció los hechos en octubre de 2022 ante la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la fiscal interina Silvina Gutiérrez. En agosto de 2025, los jueces Fabián Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch dieron por probados los hechos denunciados por la mujer.

Durante todo el proceso judicial, la víctima contó con el acompañamiento de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Asimismo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también intervino en la causa, mientras que la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) brindó asistencia para el abordaje integral del caso.