El Gobierno de Milei recorta sanciones en Ley Malvinas por reclamos aliados

Política28/10/2026

El oficialismo cambió la Ley Malvinas, acotando sanciones económicas. Se enfocan en operadores directos y excluyen a empresas con vínculos indirectos.

El Gobierno de Javier Milei aceptó introducir modificaciones en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como Ley Malvinas, para asegurar su avance en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos clave revisados es el artículo sobre desinformación coordinada por agentes extranjeros, que ahora excluiría expresamente la actividad periodística, la investigación académica y el debate público. El objetivo de esta delimitación es abordar los cuestionamientos que habían surgido por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y la actividad informativa.

Estas negociaciones se produjeron después de que Estados Unidos expresara preocupación por las consecuencias que el esquema original podía tener para sus empresas. Dichos planteos de Washington coincidieron con los reclamos de bloques aliados al oficialismo, que solicitaron cambios antes de respaldar el texto. La nueva redacción apunta a limitar las responsabilidades de compañías vinculadas indirectamente con las operaciones.

OTRAS NOTICIAS:

La modificación sobre el alcance de las sanciones económicas apunta a concentrar las penalidades en quienes tengan intervención directa en las operaciones cuestionadas. Concretamente, alcanzarían a las compañías que operen ilegalmente en Malvinas, sus proveedores y los accionistas directos vinculados con esos negocios. En cambio, quedarían excluidas las filiales, subsidiarias y participaciones accionarias sin intervención relevante en las actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

En paralelo, la iniciativa incluye modificaciones en la creación del Consejo de Seguridad. El Gobierno aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del organismo y establecer una comisión bicameral para supervisar sus decisiones. Además, está en evaluación la posibilidad de exigir autorización del Congreso para determinadas acciones militares de mayor gravedad, una decisión que forma parte de las discusiones sobre el papel del Poder Legislativo en decisiones sensibles.

OTRAS NOTICIAS:

Las sanciones económicas mantendrían sus parámetros de cálculo, que se establecerán entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido por la actividad ilegal. Cuando el monto de ese beneficio no pueda determinarse, se aplicarían multas equivalentes a entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo. Esta modificación busca definir con mayor precisión los sujetos alcanzados por las consecuencias legales antes que eliminar las penalidades económicas previstas.