José Luis Espert solicitó su sobreseimiento y el levantamiento de un embargo de $1.000 millones

Política28/10/2026

Tras apelar su procesamiento por lavado, el exdiputado pidió a la Cámara de San Martín revocar la decisión del juez y anular la prohibición de salir del país.

El exdiputado José Luis Espert solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque su procesamiento en la causa por presunto lavado de dinero y dicte su sobreseimiento. En el escrito presentado ante la Justicia, su defensa también reclamó que se levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país.

La presentación fue realizada este martes por sus abogados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, donde entregaron dos recursos de apelación. Estos van en contra del procesamiento dictado el pasado martes 27 de octubre por el juez federal Lino Mirabelli, a quien Espert acusa de emitir un fallo «contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos».

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En su defensa, Espert señaló que el procesamiento «se contradice a sí mismo», ya que el juez tomó la decisión por un delito «cuya prueba el juzgado todavía espera». Además, cuestionó que el magistrado le reprochara que «debía saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas» en 2019, cuando ni los organismos estatales advirtieron irregularidades.

El exlegislador negó que haya existido un lavado de dinero, al sostener que «no hubo nada escondido» y que el dinero no fue devuelto a su dueño ni se «disfrazó». Según explicó, «el dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo». Agregó que el propio juez reconoció su idoneidad profesional para prestar el servicio por el cual recibió los fondos.

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Por otra parte, Espert denunció que existe una persecución política en su contra y que el proceso es empleado para proscribirlo. Sostuvo que el juez cerró el fallo con una «reflexión sobre el lavado» y «la financiación de figuras de un espacio político», hechos por los que nunca fue indagado, lo que a su juicio «revela la naturaleza política de este proceso».

La causa investiga al exdiputado por haber recibido un pago de USD 200.000 en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría. Dicha transferencia estuvo ligada a Federico “Fred” Machado, un empresario que fue condenado en Estados Unidos y es investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

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