El MPT de Brasil exige retirar publicaciones que instigan despidos por preferencias políticas y reclama indemnización de 50 millones de reales.
Las denuncias de acoso electoral en el ámbito laboral de Brasil aumentaron más del 75 por ciento desde el lunes posterior a la segunda vuelta electoral, alcanzando un total de 1.459 casos en todo el país. Este significativo incremento se produjo tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo, según datos proporcionados por la estatal Agencia Brasil.
Ante esta problemática, el Ministerio Público del Trabajo de Brasil presentó este jueves una demanda judicial contra la multinacional estadounidense Meta. La acción busca que la compañía retire publicaciones que incentivan a empresarios a vigilar, exponer, no contratar o despedir a trabajadores por sus preferencias políticas.
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La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Regional del Trabajo de la Segunda Región e incluye las plataformas Instagram, Facebook y Threads, todas propiedad de Meta. Además, se solicita una indemnización de 50 millones de reales (unos 9,2 millones de dólares) por daños morales colectivos.
En el texto judicial, los siete fiscales federales del trabajo que suscriben la demanda argumentan que Meta es responsable de los contenidos difundidos en sus plataformas. Los fiscales advierten que los mecanismos de recomendación, como la sección «Explorar» de Instagram y los «Reels» sugeridos, amplifican la circulación de publicaciones que promueven el acoso electoral.
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La Fiscalía detalló que, después de la reelección de Lula da Silva, perfiles digitales comenzaron a orientar a empleadores para investigar las redes sociales de sus trabajadores y despedir a quienes hubieran votado por un candidato contrario a sus preferencias. Algunas publicaciones incluso exhiben a empleados con nombres e imágenes para ridiculizarlos o celebran sus despidos.
La primera audiencia de este caso fue programada para el 29 de marzo de 2027. Los estados con mayor número de registros de acoso electoral son San Pablo con 620 casos, seguido por Minas Gerais con 351 y Paraná con 338 denuncias.
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