El Gobierno contrata una consultora para fiscalizar las represas de Santa Cruz

La Secretaría de Obras Públicas autorizó la contratación de una consultora para fiscalizar los aspectos técnicos y ambientales de los proyectos hidroeléctricos.

En abril, mediante el Decreto 238/2026, el Gobierno nacional apartó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) de la función de comitente de los proyectos hidroeléctricos de Santa Cruz. Esta decisión transfirió las atribuciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que asumió el rol de organismo responsable del seguimiento.

Ahora, la Secretaría de Obras Públicas autorizó una licitación para contratar una consultora que fiscalice las obras de las represas sobre el río Santa Cruz. El presupuesto destinado para esta tarea asciende a más de $ 39.624 millones, según la Resolución 274/2026 formalizada este viernes 30 de octubre.

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La consultora elegida tendrá la misión de supervisar la ejecución de los trabajos en múltiples frentes, incluyendo aspectos técnicos, ambientales, contractuales y administrativos. La fiscalización abarcará tanto el aprovechamiento hidroeléctrico La Barrancosa como la línea de extra alta tensión asociada al proyecto.

El procedimiento se realizará mediante una licitación pública nacional de etapa múltiple, bajo el sistema de ajuste alzado. Cabe destacar que la contratación no prevé anticipo financiero y se mantendrá vigente hasta la recepción definitiva de los trabajos.

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La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había solicitado apoyo especializado para reforzar el control de las tareas. Esta subsecretaría pasó a concentrar los derechos, obligaciones y actuaciones administrativas de los contratos y sus adendas.

El cambio de comitente en abril se produjo en paralelo al avance del proceso de privatización de ENARSA. Esta situación obligó a coordinar una transición entre la empresa estatal y las áreas nacionales involucradas en el proyecto.

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Desde el Gobierno aclararon que la contratación de esta firma de inspección no implica, por sí sola, el reinicio de la construcción ni una nueva adjudicación. Sin embargo, completa una parte esencial del esquema de supervisión requerido para una eventual continuidad de los trabajos.

La convocatoria permanecerá publicada durante 15 días y deberá respetar una anticipación mínima de 20 días, según la normativa aplicable. En marzo, ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) habían acordado las condiciones de planificación para un posible reinicio de las obras.