Jueza federal ratificó cautelar y sumó a Tierra del Fuego a la demanda contra Sea Lion
Actualidad31/10/2026
REDACCIÓNUna jueza federal ratificó la cautelar que frena el proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico sur, a 220 km de Malvinas, y sumó a Tierra del Fuego a la demanda.
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el Atlántico sur, contempla una inversión inicial de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo. Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum planean sumar otros USD 2.100 millones para la explotación, que se proyecta a 30 años, con una producción de 50.000 barriles diarios en su primera fase.
La jueza federal Mariel Borruto formalizó la participación de la provincia de Tierra del Fuego en la demanda contra el proyecto Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que pesa sobre las empresas. La decisión del Juzgado Federal de Río Grande rechazó, además, la convocatoria del Estado nacional al expediente.
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Tierra del Fuego ingresó al proceso a través de su Fiscalía de Estado, pero la jueza admitió su intervención de manera acotada y subordinada a la parte actora. La limitación se fundamenta en que la Fiscalía no presentó una posición material diferenciada y comparte el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva.
La medida cautelar dictada el 16 de septiembre prohíbe a las compañías realizar perforaciones, instalar infraestructura submarina o ejecutar obras terrestres y portuarias de apoyo. Esta restricción se mantendrá hasta que se concrete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente.
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Según la jueza, la medida cautelar sigue en pie porque aún no se incorporaron los informes ordenados ni se notificó a las empresas demandadas, condiciones necesarias para revisar su alcance. El tribunal también desestimó el pedido de incorporar recaudos adicionales para revisar la cautelar y de ordenar la presentación de pólizas de seguros y garantías ambientales.
El yacimiento Sea Lion fue descubierto por Rockhopper en mayo de 2010, y tras años de estudios, las compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. El proyecto, considerado viable, cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables al 31 de julio pasado.
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La demanda judicial fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Esta acción legal busca asegurar la protección ambiental en torno al proyecto offshore en el Atlántico sur.
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