El oficialismo cedió en puntos importantes para avanzar con proyectos de Malvinas y Banco Central

Política01/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Las reformas, que incluyen la reducción de multas por explotación en Malvinas, serán tratadas en una sesión prevista para el 12 o 18 de noviembre en Diputados.

Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional redujo las multas por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas, pasando de un rango de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a uno de entre 2 mil y 40 mil. Esta fue una de las varias concesiones que el oficialismo debió realizar para obtener dictamen y preparar el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

El oficialismo tiene como fecha tentativa para la sesión el jueves 12 de noviembre, aunque con la flexibilidad de moverla al miércoles 18 de noviembre. El primer día se complica por una semana acortada debido a los feriados por la visita del Papa León XIV, que incluyen el lunes 9 como feriado nacional, el martes 10 en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.


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El proyecto sobre la cuestión Malvinas busca aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante una “amenaza externa”. Para el peronismo y la izquierda, la iniciativa es un “caballo de troya” que esconde una concentración de poder en el Ejecutivo para tomar medidas de excepción.

Durante la negociación, el Gobierno también cedió a la presión de Estados Unidos y excluyó de las sanciones a accionistas con participaciones de hasta un 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. Sin embargo, se mantuvieron las penas de hasta 20 años de prisión para directores, socios y proveedores de empresas que operen sin autorización argentina.


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Entre los puntos más controversiales que se mantienen en la reforma se encuentran el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques. También se conserva la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”, lo que desdibuja la separación con las fuerzas de seguridad interior.

Además, a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a esta comisión las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.


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Por otra parte, se modificó el artículo 111 sobre “campañas de injerencia extranjera” tras el reclamo de entidades periodísticas como FOPEA, que advirtieron sobre los riesgos para la libertad de prensa. La versión final precisa la definición y excluye expresamente la actividad periodística, la investigación académica y las opiniones de un Estado extranjero.

El otro proyecto que se tratará es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca consolidar el principio de “emisión cero”. El oficialismo aceptó a regañadientes los cambios del Senado, que establecen que la remoción de directores requerirá una mayoría absoluta de la Cámara alta, quitándole participación a Diputados.

A pedido de bloques aliados, se aceptó ampliar la integración del directorio del Banco Central con la incorporación del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y gobernadores como miembros no permanentes. El objetivo de la reforma es evitar que futuras administraciones puedan “volver a prender la maquinita” y generar inflación.

La iniciativa prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, la compra de títulos públicos en el mercado primario y el uso de letras intransferibles. Según el texto del proyecto, se busca eliminar las funciones de orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, consideradas ajenas a la misión de una autoridad monetaria.

El nuevo Consejo de Seguridad Nacional, en tanto, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Este órgano tendrá entre sus funciones la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa.

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