Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la mayor parte de los recursos específicos para prevenir inundaciones terminó en Letras del Tesoro.
Más del 85% de los recursos disponibles en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) fue colocado en instrumentos financieros del Tesoro, en lugar de destinarse a las obras previstas. Esto implica que cerca de 340.000 millones de pesos del fideicomiso fueron invertidos en deuda pública, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El informe del CEPA advierte que el Gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas o canceladas gran parte de las obras hídricas nacionales. En paralelo, utiliza la mayoría de los fondos específicos del sector para financiar al Tesoro, mientras crecen las advertencias por un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.
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Entre 2024 y mayo de 2026, el FFIH recibió más de 600.000 millones de pesos pero destinó apenas 140.000 millones a obras. De acuerdo con los cálculos de CEPA, solamente 23 de cada 100 pesos recaudados para infraestructura hídrica terminaron aplicados a ese objetivo.
La distancia entre los recursos disponibles y los trabajos ejecutados se refleja en el estado de los proyectos, donde 15 de las 24 obras que integran el plan nacional fueron paralizadas o canceladas. Las ocho que continúan en ejecución presentan avances limitados y ninguna supera el 36%.
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El caso más representativo es la ampliación del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, una obra de gran escala reclamada hace décadas. Sus distintos tramos continúan lejos de completarse: el tramo IV, etapa II, subtramo A registra un 0%, el subtramo B un 6,7%, y el C llega al 18,8%.
Por otra parte, la falta de ejecución también afecta a las herramientas de prevención de desastres hídricos. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos presenta un avance del 32%, mientras que la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas apenas llega al 11%.
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El informe también identifica decisiones que dejaron sin terminar obras con porcentajes elevados de ejecución. El Acueducto San Javier-Tostado, en Santa Fe, quedó neutralizado cuando alcanzaba el 90% de avance en un contexto de crecida del río Paraná.
En Entre Ríos, CEPA señala como prioritaria la intervención en Colón, donde el río Uruguay se encontraba en nivel de alerta con 7,27 metros, cerca de los 7,90 metros establecidos para iniciar evacuaciones. El documento menciona además la rescisión de la obra de entubamiento de la Cuenca Salta, que quedó con apenas un 4,7% de ejecución.
La situación se agrava ante los pronósticos de lluvias intensas para el cierre del año y las advertencias sobre un posible episodio de El Niño de fuerte intensidad. En regiones productivas y ciudades expuestas a crecidas, la demora de las obras puede reducir la capacidad de respuesta frente a emergencias hídricas.
«Eso quiere decir que el Fondo creado para financiar obras hídricas funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro», resume el informe del centro de estudios. Esta observación apunta a una contradicción entre el objetivo legal del fideicomiso y el uso real de sus recursos.
Finalmente, a este escenario se suma un crédito internacional que quedó sin ejecución. A fines de 2023, el Banco Mundial había otorgado un préstamo de 200 millones de dólares destinado específicamente a infraestructura para gestionar el riesgo de inundaciones urbanas, pero el proyecto registra un nivel de ejecución del 0%.
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