Advierten que casi la mitad de las distribuidoras eléctricas de la región no monitorea sus redes
Actualidad02/11/2026
REDACCIÓNUn relevamiento de ADELAT detectó que el 46% de las distribuidoras de energía eléctrica de la región analizadas presenta fallas en la vigilancia de sus sistemas.
Ninguno de los marcos regulatorios de 11 países analizados por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) reconoce la ciberseguridad como una categoría tarifaria explícita y autónoma. Esta situación genera una dificultad para las empresas, que deben responder a mayores exigencias de protección sin un mecanismo específico para trasladar o recuperar los costos asociados a esa tarea. La falta de capacidad para medir el aporte de la prevención complica la justificación de presupuestos y la asignación de recursos.
El dato más relevante del estudio, denominado “Redes bajo ataque: Ciberseguridad eléctrica en la era de la transición energética”, es que el 46% de las distribuidoras no monitorea sus redes de operación. La investigación reunió información de 25 empresas de 10 países para evaluar la protección de la infraestructura, la respuesta ante incidentes y la capacitación del personal, entre otras dimensiones.
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La vigilancia de los sistemas presenta falencias concretas que explican esa cifra. Un 17% de las compañías relevadas directamente no cuenta con monitoreo activo de sus redes operativas, mientras que otro 29% concentra la supervisión únicamente en sus sistemas corporativos. Ambos grupos componen el 46% de las distribuidoras que no controlan adecuadamente el entorno tecnológico que sostiene su operación.
El estudio también analizó la estructura interna de las compañías en materia de seguridad digital. En 12 de las 25 distribuidoras, esta responsabilidad recae en la jefatura de tecnologías de la información. Solamente seis de ellas cuentan con un director ejecutivo de seguridad informática, conocido como CISO, que reporte directamente a la gerencia general o al directorio.
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Los resultados del relevamiento muestran un panorama desigual en las áreas de protección. Si bien el 74% de las distribuidoras alcanzó un nivel avanzado en la separación de las redes corporativas y operativas, apenas el 21% llegó a un nivel similar en la protección de los dispositivos de campo. Estos equipos son los que permiten controlar y operar físicamente las redes eléctricas.
Frente a este diagnóstico, ADELAT propuso una serie de medidas basadas en experiencias de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros. Una de las principales recomendaciones es relacionar las obligaciones de ciberseguridad con mecanismos de financiamiento que permitan sostener las inversiones necesarias. También se sugiere adaptar las exigencias al nivel de criticidad de cada operación y reforzar la coordinación entre los actores del sector.
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Otra línea de trabajo sugerida apunta a incorporar criterios de seguridad desde el diseño de los proyectos eléctricos, en lugar de corregir vulnerabilidades con los sistemas ya en funcionamiento. A esto se suma la necesidad de formar profesionales especializados y desarrollar capacidades técnicas dentro de las empresas para afrontar los nuevos desafíos digitales.
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