Condenan a dos camioneros por llevar 35 toneladas de precursores químicos de contrabando a Bolivia

Policiales02/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Fueron interceptados en Salta con un cargamento de acetato de etilo valuado en más de $167 millones y recibieron una pena de cuatro años y ocho meses de prisión.

Secuestro de precursores químicos
Secuestro de precursores químicos

Un cargamento de 35.144 kilogramos de acetato de etilo, valuado en $167.608.459, fue incautado en un intento de contrabando hacia Bolivia. Dicha sustancia está catalogada como un solvente clave para el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento se llevó a cabo el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó dos camiones. Los vehículos transportaban la sustancia química distribuida en 191 tambores.


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La documentación formal de los transportistas indicaba que debían egresar por el paso internacional de Salvador Mazza con destino final a Cochabamba, Bolivia. Sin embargo, fueron detectados circulando por Aguas Blancas con dominios y recorridos no autorizados.

Por estos hechos, los camioneros de nacionalidad boliviana, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión. La sentencia fue dictada por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta, en el marco de un acuerdo pleno con la fiscalía.


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Ambos fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el uso de documentación adulterada, en grado de tentativa. El acuerdo fue alcanzado con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero.

Las pericias confirmaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido falsificados. Los documentos apócrifos imitaban el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


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En paralelo, la articulación de la PROCUNAR y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) con autoridades de Bolivia permitió constatar que el depósito de destino no estaba habilitado. Dicho galpón, ubicado en Cochabamba, no tenía autorización para operar con sustancias químicas, reforzando la hipótesis del desvío.

Además de la pena privativa de la libertad, se dispuso el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química y el tractor y semirremolque utilizados por Puma García. También se ordenó la inhabilitación absoluta de los condenados por el término de la condena y otras sanciones accesorias del Código Aduanero.

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