El Gobierno afronta vencimiento urgente con el FMI con liquidez al límite

El Ejecutivo nacional debe cancelar este lunes un pago de 800 millones de dólares al organismo, mientras aguarda la ratificación para un desembolso millonario.

El Gobierno nacional aguarda la ratificación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un desembolso de cerca de US$900 millones, tratamiento estimado para los primeros días de diciembre. Este proceso es fundamental para la economía del país mientras cumple con otros compromisos.

La habilitación de este desembolso sigue a la reciente aprobación de la tercera revisión técnica del programa por parte del personal del FMI. Sin embargo, coincide con un vencimiento de US$800 millones que el Ejecutivo debe afrontar este lunes con el organismo multilateral, generando expectativas en el mercado financiero.

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En el ámbito financiero existe un consenso general sobre el cumplimiento de la obligación, aunque persisten interrogantes sobre la ingeniería elegida para reunir las divisas y acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) exigidos. La modalidad del pago genera especial atención.

Según los últimos datos disponibles al 28 de octubre, la liquidez pública se encuentra ajustada, con depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central (BCRA) que ascendían a US$851 millones. Esto deja un remanente de apenas US$51 millones por encima del monto adeudado tras concretar la operación.

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Como vía alternativa para afrontar el pago, el Gobierno dispone de depósitos en moneda nacional por $8,9 billones, recursos que podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA. No obstante, esta operación tendría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la institución.

En sus declaraciones, el Fondo valoró la marcha de las reformas económicas implementadas por Argentina, así como la desaceleración de la inflación en el país. Además, destacó la acumulación de más de US$16.000 millones en reservas por parte del Banco Central en lo que va del año.

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Esta situación se enmarca en compromisos futuros, como los que se deberán saldar en enero de 2027 con bonistas privados, por un monto cercano a los US$4.500 millones. El contexto actual incluye un mercado cerrado y un riesgo país que se mantiene rozando los 800 puntos, lo que añade complejidad a la gestión económica.