
Ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica aprobaron un comunicado especial y el canciller Pablo Quirno reafirmó el compromiso diplomático del país.



Argentina inició en las últimas semanas acciones legales contundentes ante organismos internacionales por la cuestión de las Islas Malvinas. El pasado 28 de septiembre, el país comenzó un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, según lo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Además, el 13 de octubre se solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que prescriba medidas provisionales urgentes. El objetivo es prohibir que se lleven adelante tareas de explotación de recursos naturales no renovables «que pertenecen a todos los argentinos» en la Cuenca Malvinas Norte.


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Estas gestiones se enmarcan en una estrategia integral para defender la soberanía nacional frente al avance del proyecto Sea Lion. El Reino Unido pretende explotar los hidrocarburos de la región, otorgando licencias «ilegítimas» a las compañías Rockhopper y Navitas.
En este contexto, el canciller Pablo Quirno participó en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos. El encuentro se realizó en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en él se aprobó de manera unánime un Comunicado Especial sobre Islas. Quirno destacó el respaldo recibido, señalando que «por historia» y «por derecho»«las Malvinas son argentinas».
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El documento aprobado por «todos los ministros iberoamericanos» reafirma la «necesidad» de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte «reanuden negociaciones a la mayor brevedad posible». Asimismo, reconoce la «actitud constructiva y disposición» de la gestión del presidente Javier Milei para avanzar en dicha línea.
Quirno sostuvo que con la aprobación de este comunicado el espacio iberoamericano reafirmó una vez más su respaldo a nuestro país. Argentina está dispuesta a retomar las negociaciones sobre la soberanía por la vía diplomática y pacífica, para cumplir con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente la disputa y «poner fin a una situación colonial, anacrónica en el siglo XXI».
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