Investigan a pesqueras argentinas por presuntos vínculos con actividad en Malvinas
Chubut06/11/2026
REDACCIÓNLa jueza Borruto aceptó demanda colectiva que investiga si pesqueras argentinas tienen vínculos con flotas que operan sin permiso en Malvinas.
El fiscal federal Marcelo Rapoport recomendó admitir una demanda y conceder una medida cautelar en una causa que investiga la actividad pesquera en aguas de las Islas Malvinas. El funcionario describió el daño como «profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible», lo que subraya la gravedad del impacto.
Esta recomendación se enmarca en una causa judicial que busca comprometer a empresas argentinas por sus posibles intereses comerciales ligados a flotas que operan en el archipiélago sin autorización. El expediente se centra en la aplicación del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que exige a los titulares de cuotas declarar que no mantienen relaciones económicas o jurídicas con armadores no autorizados.
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La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó la intervención en una demanda colectiva impulsada por la Fundación Agustina Lerena. Esta iniciativa apunta contra armadores gallegos, socios isleños, entidades financieras, astilleros, aseguradoras y compañías radicadas en Argentina.
La demanda colectiva no solo cuestiona la actividad de buques extranjeros, sino que también pretende determinar si pesqueras argentinas mantienen vínculos con operadores que capturan recursos en aguas de Malvinas sin permiso. De comprobarse estas relaciones, las habilitaciones y cuotas de pesca de las firmas nacionales podrían verse seriamente comprometidas.
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La normativa, con 17 años de vigencia, contempla la caducidad de permisos y cuotas por incumplimiento, pero hasta ahora nunca derivó en una sanción contra una empresa nacional. La dificultad en su aplicación reside en la complejidad de las estructuras de negocios pesqueros internacionales, donde los vínculos pueden estar registrados en el extranjero, complicando su verificación por parte del Registro de la Pesca.
Además, la Fundación Agustina Lerena busca que la Justicia examine la situación de otras ocho integrantes de ACEMIX. El escrito solicita determinar si estas compañías mantienen relaciones alcanzadas por las restricciones establecidas en el artículo 27 bis de la Ley de Pesca.
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Para avanzar en la causa y evaluar la suspensión de operaciones cuestionadas, la magistrada solicitó informes científicos al INIDEP y registros de monitoreo satelital del sistema Guardacostas de la Prefectura Naval. Estos elementos serán clave para obtener información detallada sobre la actividad de las flotas y sus efectos sobre los recursos.
En un antecedente reciente, la jueza Borruto intervino en otra causa vinculada a la explotación de recursos naturales en Malvinas. En septiembre, la magistrada aceptó una demanda contra el proyecto petrolero Sea Lion y una semana después ordenó a las compañías Rockhopper y Navitas detener el emprendimiento hasta completar una evaluación de impacto ambiental, cautelar que ratificó el 27 de octubre.
La Fundación Agustina Lerena anticipó su intención de expandir la ofensiva judicial hacia otros segmentos de la actividad pesquera. Su presidente, César Lerena, adelantó que buscará incorporar a proveedores de bienes y servicios, así como a compañías que aún no forman parte del expediente, incluyendo flotas poteras y operadores asiáticos.
Actualmente, la jueza Borruto no resolvió el pedido de medida cautelar ni se pronunció sobre el fondo de la controversia. Dispuso que la presentación, iniciada como amparo colectivo, continúe mediante un proceso ordinario, al considerar que es necesario producir pruebas para establecer la dimensión del perjuicio y la eventual responsabilidad de cada demandada, manteniendo el expediente reservado hasta entonces.
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