La Justicia federal conformó una brigada contra la deforestación ilegal en el Chaco

Actualidad08/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El equipo, impulsado por Justicia Federal de Resistencia, busca garantizar el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en la provincia.

Hay una nueva brigada antidesmonte
Hay una nueva brigada antidesmonte

La deforestación en la ecorregión del Gran Chaco alcanza una superficie cercana a las 40.000 hectáreas cada seis meses, el equivalente a dos veces la extensión de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los episodios recientes que impulsó la medida fue la denuncia por el desmonte de unas 1.800 hectáreas en el límite del Parque Natural Provincial Loro Hablador, en la provincia del Chaco.

Frente a esta situación crítica, un juzgado federal decidió crear un equipo interinstitucional para detectar intervenciones ilegales. La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal de Resistencia, dispuso la conformación del denominado Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco.


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La función principal de esta nueva estructura será garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar que prohíbe los desmontes ilegales. Dicha prohibición había vuelto a tener vigencia en mayo por una decisión del Tribunal Federal de Casación, buscando resolver la dificultad del control territorial.

La mesa de trabajo contará con representantes del Ministerio Público Fiscal Federal, del Gobierno chaqueño, de la autoridad ambiental nacional, de la Administración de Parques Nacionales y de las fuerzas de seguridad. También participará la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, organización que impulsa la causa judicial, con la presencia de funcionarios como Oscar Navarro, subsecretario de Desarrollo Forestal provincial, y Gustavo García, director de Bosques.


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La participación de Gendarmería Nacional será un componente operativo central, exigiendo reforzar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos destinados a la vigilancia. La resolución plantea evaluar la incorporación de vehículos, drones y otros instrumentos que permitan ampliar la capacidad de control sobre las zonas forestales.

De manera similar, el Ministerio de Seguridad de Chaco recibió exigencias respecto de las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales. La intención es que las alertas se traduzcan en verificaciones sobre el terreno y no queden en registros administrativos, manteniendo una comunicación inmediata entre los organismos para el intercambio de información.


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El sistema de monitoreo incluirá herramientas satelitales y mecanismos de alerta temprana, que derivarán en inspecciones territoriales a cargo de la Dirección de Bosques provincial cuando se detecte una intervención sospechosa. En caso de indicios de delitos o incumplimientos judiciales, intervendrá el Ministerio Público Fiscal.

Además, la jueza incluyó un procedimiento para solicitar intervenciones judiciales urgentes que permitan autorizaciones para allanamientos o decomisos de materiales. Este mecanismo busca evitar demoras en situaciones donde la continuidad de una actividad ilegal pueda comprometer la protección del bosque nativo.

Esta decisión se enmarca en la megacausa penal conocida como la Mafia de los desmontes, iniciada en 2024, que investiga posibles vínculos entre empresarios y funcionarios. El expediente ya cuenta con una decena de imputados y constituyó el contexto de la medida cautelar de prohibición de desmontes.

Fabián Maggi, representante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó que a raíz de la situación crítica se pidió la creación del comité de control. Maggi calificó la resolución como «muy trascendente» y destacó que es la primera vez que se conforma una estructura de estas características para hacer efectiva una prohibición judicial.

El funcionamiento del equipo será auditado mediante controles documentados. La Dirección de Bosques de Chaco y el Ministerio Público Fiscal Federal deberán presentar informes periódicos ante el juzgado, con el primer reporte pautado para la primera mitad de febrero de 2027, y posteriormente con frecuencia trimestral.

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