Preocupación por la actividad de casi 500 buques que pescan en el Atlántico sin controles

Actualidad09/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La explotación descontrolada de flotas internacionales, principalmente chinas, duplica las horas de arrastre, agotando especies como el calamar y la merluza.

basuma milla 201
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La actividad pesquera en el Atlántico Sudoccidental sostiene cerca de 900.000 puestos de trabajo en la región, según estimaciones recientes. Este sector clave enfrenta una creciente presión por la operación de cientos de buques extranjeros en aguas internacionales, donde la falta de controles amenaza la sustentabilidad de los recursos marinos.

Los registros de Global Fishing Watch revelan que alrededor de 500 buques duplicaron sus horas de arrastre durante la última década en la franja externa a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Se identificaron 554 embarcaciones en el área, de las cuales aproximadamente la mitad tienen bandera china.


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Esta expansión de la flota internacional, que incluye barcos de España, Taiwán y Corea del Sur, ejerce una fuerte presión sobre los recursos pesqueros. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que apenas el 55,2% de los stocks regionales se explotan dentro de niveles biológicamente sostenibles.

Una de las principales dificultades para establecer límites comunes y coordinar medidas de conservación es la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Esta situación impide la consolidación de una estructura de cooperación y la creación de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) en el Atlántico Sur.


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La preocupación por la situación también se extiende al propio sector pesquero de Malvinas, una economía que depende fuertemente de las capturas marinas. Referentes de la industria isleña como John Barton y Janet Robertson señalaron los riesgos que enfrenta la actividad, ya que la pesca representa aproximadamente dos tercios del producto bruto de las islas.

En este contexto, la situación también está atravesada por los intereses vinculados con la explotación petrolera en las islas, con el avance del proyecto Sea Lion. La falta de entendimientos entre ambos países dificulta la construcción de mecanismos compartidos para proteger los caladeros.


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Argentina, por su parte, mantiene mecanismos de fiscalización sobre las embarcaciones que operan dentro de su jurisdicción marítima, pudiendo aplicar multas que alcanzan los 3,5 millones de dólares. Sin embargo, la capacidad de control sobre la actividad desarrollada en aguas internacionales enfrenta límites jurídicos y operativos.

La ausencia de reglas regionales deja así una dificultad que no puede resolverse exclusivamente mediante controles nacionales. La falta de coordinación impide establecer límites compartidos e intercambiar información científica de manera sistemática entre los países con flotas en alta mar.

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