Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en una causa por lavado y narcotráfico
Actualidad12/11/2026
REDACCIÓNClaudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue detenida en una causa federal por lavado y narcotráfico. El empresario quedó incomunicado en Ezeiza.
Una nueva investigación federal indaga movimientos de cientos de millones de pesos realizados por sociedades vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez, analizando una posible conexión con actividades de narcotráfico. La pesquisa busca determinar el funcionamiento de una estructura financiera que habría permitido movilizar activos.
En este contexto, la Justicia detuvo a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y ordenó que el propio empresario permanezca incomunicado en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión. Los procedimientos alcanzaron también a otras personas del entorno del empresario y a diversas propiedades vinculadas con su grupo.
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La investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En un lapso de 48 horas, las autoridades concretaron seis detenciones y realizaron allanamientos en la capital santacruceña y zonas cercanas a El Calafate.
Uno de los principales interrogantes de la causa apunta a la hipótesis de que Báez continuara impartiendo instrucciones desde la cárcel para administrar propiedades, empresas y otros activos. A pesar de las restricciones judiciales para disponer de sus bienes, la sospecha es que habría mantenido influencia sobre el manejo de esos recursos mediante personas de confianza.
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La situación de Insaurralde adquiere relevancia por su cercanía con el empresario y por las sospechas sobre el manejo de bienes y recursos vinculados con su entorno. Los investigadores buscan establecer su intervención en las operaciones financieras bajo análisis y la relación que mantenía con las sociedades involucradas.
Además, el frente patrimonial de Báez tiene dos antecedentes judiciales de enorme dimensión económica. Por la causa conocida como «Ruta del Dinero K», el empresario debe afrontar un decomiso cercano a los 60 millones de dólares. En el expediente de Vialidad, la cifra reclamada por la ejecución patrimonial ronda los 685.000 millones de pesos.
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En ese marco, la Corte Suprema inició procedimientos para transferir al Estado nacional fondos y propiedades ya decomisados. El análisis de otros activos identificados durante las investigaciones continúa con el objetivo de hacer efectiva la recuperación de los recursos vinculados a los delitos por los que el empresario recibió condenas.
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