Argentina inicia acciones penales contra directivos de petroleras británicas por Malvinas
Política12/11/2026
REDACCIÓNEl canciller Pablo Quirno confirmó la estrategia para impedir la explotación de hidrocarburos en las islas, que incluye una presentación ante el Tribunal del Mar.
El Gobierno argentino presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para suspender las actividades de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Esta acción busca frenar el proyecto Sea Lion, cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2027.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, que buscan explotar recursos en la zona. El funcionario confirmó la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas al asegurar: «Absolutamente, sí, absolutamente».
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Quirno afirmó que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos «están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas». Además, recordó que las dos compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación local y sostuvo que la administración de Javier Milei utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de estos proyectos.
Estas declaraciones se produjeron después de que trascendiera una advertencia argentina a directivos de Rockhopper Exploration sobre posibles procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto, según publicó este jueves el diario británico The Guardian. El canciller subrayó que la explotación es «una acción unilateral» y que «el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones» de Naciones Unidas.
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El titular del Palacio San Martín aclaró que la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no pretende resolver la cuestión de soberanía sobre las islas. Su objetivo es abordar específicamente el conflicto relacionado con la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Quirno explicó que «El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy».
Respecto a un eventual pronunciamiento favorable a la posición argentina, el canciller sostuvo que se espera que el Reino Unido lo cumpla. Argumentó que el acatamiento sería una obligación al tratarse de un mecanismo contemplado en una convención internacional de la que ambos países son parte. «Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional».
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En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió a la eventual reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas. Explicó que la legislación argentina no exige autorización para la libre circulación de embarcaciones, pero sí contempla permisos específicos para buques que transportan carga hacia y desde el archipiélago. «Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino».
El canciller manifestó su expectativa de que las compañías operadoras cumplan con las disposiciones argentinas y que Chile mantenga su posición histórica de respaldo al reclamo de soberanía. Destacó que esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de Milei, que incluye el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas destinadas a reforzar la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
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