Nación pospone hasta 2027 la privatización de centrales hidroeléctricas por US$200 millones

La decisión extiende las concesiones que vencían en diciembre, permitiendo operar bajo contratos actuales mientras se preparan nuevas licitaciones.

El Gobierno nacional extendió el plazo para definir las concesiones de centrales hidroeléctricas hasta el 30 de abril de 2027, una operación que el Estado estima podría generar ingresos por unos 200 millones de dólares. Esta prórroga posterga la entrada de divisas que el Ministerio de Economía necesita para afrontar compromisos financieros y pagos de deuda.

La medida abarca a centrales de jurisdicción nacional distribuidas en cinco provincias: Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chubut, cuyas concesiones originales vencían en diciembre. La decisión busca evitar posibles dificultades en la prestación del servicio eléctrico y ganar tiempo para organizar los procedimientos de adjudicación.

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En ese marco, el proceso de privatización tendrá una importante modificación administrativa, ya que el decreto delegó en la Secretaría de Energía la responsabilidad de preparar las licitaciones. Este organismo concentrará las facultades necesarias para otorgar las concesiones y firmar los contratos con los futuros operadores.

La postergación de las licitaciones se inscribe dentro de una estrategia más amplia de transferencia de activos energéticos al sector privado. El programa oficial incluye distintas operaciones sobre empresas e instalaciones que actualmente cuentan con participación estatal, buscando reorganizar la generación eléctrica.

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Por otra parte, entre las operaciones previstas figura también la venta del 44% de participación estatal en Nucleoeléctrica Argentina, compañía vinculada con la generación de energía nuclear. A este proceso se agregan otros activos de Energía Argentina (Enarsa), incluidas centrales termoeléctricas.

Con el nuevo cronograma, abril de 2027 aparece como la fecha límite para resolver una operación que involucra instalaciones estratégicas para el sistema eléctrico nacional. El Gobierno deberá completar los procedimientos administrativos y establecer las condiciones de la competencia por la explotación de las centrales.

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