Condenan a Argentina por destitución de un exjuez de la Corte Suprema en 2003
Actualidad13/11/2026
REDACCIÓNLa Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la remoción de Eduardo Moliné O’Connor vulneró la independencia judicial y ordenó reparaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una condena contra Argentina 23 años después de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, quien fuera integrante de la Corte Suprema de Justicia. El exmagistrado, removido en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner, falleció en 2014 sin llegar a conocer el resultado de la demanda que impulsó.
El tribunal internacional determinó que el Estado violó garantías vinculadas con la independencia judicial al remover a Moliné O’Connor. El pronunciamiento sostiene que la destitución estuvo directamente relacionada con el contenido de las sentencias que el juez había dictado durante su desempeño como magistrado.
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La sentencia también identificó irregularidades en el desarrollo del juicio político que culminó con la salida de Moliné O'Connor del máximo tribunal. Entre sus observaciones, señaló que varias decisiones adoptadas durante el procedimiento no contaron con una fundamentación adecuada, una exigencia esencial para la remoción de un magistrado.
Otro de los cuestionamientos del tribunal internacional estuvo dirigido a la falta de tratamiento judicial suficiente para los planteos de la defensa de Moliné O’Connor en los tribunales argentinos. El fallo también incluyó la revocación de la pensión vitalicia que percibía el exmagistrado, decisión que vulneró sus derechos.
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Como parte de la condena, la Corte Interamericana ordenó a Argentina regularizar el régimen de pensión correspondiente y reparar las consecuencias económicas y personales derivadas de las violaciones reconocidas. Entre las obligaciones impuestas al Estado, se incluye el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y la publicación de la sentencia.
Además, Argentina deberá adoptar medidas para adecuar la interpretación de las normas constitucionales que regulan la responsabilidad política de los integrantes de la Corte Suprema. El tribunal dispuso que las autoridades interpreten el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento de juicio político, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana.
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