El Gobierno de Paraguay busca controlar temporalmente empresas vinculadas a Ueno Bank
Actualidad13/11/2026
REDACCIÓNLa medida, a presentar al Congreso, nombrará un administrador por ocho meses para ordenar cuentas y evitar despidos tras la disolución de la entidad financiera.
El asesor jurídico de la Presidencia de Paraguay, Eduardo González, detalló en una conferencia de prensa que un proyecto de ley permitirá al Estado asumir temporalmente la administración de empresas en crisis. La propuesta establecerá restricciones para transferir bienes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas y realizar movimientos de dinero fuera de las operaciones habituales.
La iniciativa fue anunciada por el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien presentará la propuesta al Congreso Nacional. El objetivo es que las empresas afectadas por la disolución de Ueno Bank puedan seguir funcionando y, de esta manera, evitar la pérdida de empleos.
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En su cuenta de la red social X, el mandatario paraguayo manifestó su compromiso con los trabajadores afectados por la situación financiera. «Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo», escribió Alliana.
La propuesta contempla el nombramiento de un administrador temporal por un período de ocho meses. La función de este interventor será ordenar las cuentas de las compañías para evitar que se vean forzadas a cerrar sus puertas.
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Por otra parte, González aclaró que el Estado no asumirá las deudas de las empresas alcanzadas por la medida. También especificó que la intervención no se aplicará automáticamente a todas las firmas que operaron con Ueno Bank, sino que se utilizarán criterios de vinculación y control, excluyendo las relaciones comerciales normales.
El asesor jurídico resaltó que la intervención busca proteger los puestos de trabajo de miles de ciudadanos paraguayos y preservar los activos de las entidades. Durante el período de administración temporal, los actuales directivos, gerentes y apoderados generales de las empresas serán apartados de sus funciones.
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