
¿La nueva Ley de Discapacidad permitirá cobrar una pensión y tener un trabajo formal?
Política15/11/2026
REDACCIÓNEl Senado tratará este jueves un proyecto que convierte en permanentes los beneficios de la emergencia que vence en diciembre y tiene el respaldo de todo el arco político.



El proyecto de ley de Discapacidad que busca sancionar el Senado permitirá mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva y el desempeño de un empleo formal. Esta pensión es equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se inscriban en el monotributo o tengan un trabajo registrado, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
La Cámara Alta realizará una sesión este jueves para dar sanción definitiva a la iniciativa, que cuenta con el respaldo de todo el arco político. El debate es impulsado por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el proyecto tuvo dictamen de comisión con el apoyo de bloques aliados y del peronismo.


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La nueva norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica el esquema de beneficios de la Ley 27.793. Sin embargo, elimina su carácter de emergencia para convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Además, la iniciativa conserva el principio de nomenclador único y ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones. Esta actualización se realizará según el índice de movilidad jubilatoria, que está vinculado al IPC, y también garantiza la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
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En materia de financiamiento, el proyecto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Por otra parte, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. La misma cláusula fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma una vez sancionada.
La semana pasada, Bullrich había anticipado su voluntad de avanzar con la ley, a pesar de que el Gobierno prefería demorar su aprobación e incluso había gestionado cambios para retrasar su aplicación. «Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», señaló la senadora el jueves pasado.
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En la misma línea, Bullrich destacó en la red social X su compromiso con la inclusión. «Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera», publicó. El tema de la discapacidad también fue uno de los focos del discurso del Papa León XIV durante su visita a la Argentina, donde recorrió el Cottolengo Don Orione en Claypole.
La agenda de la sesión del jueves se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles a las 15. Además del proyecto de Discapacidad, podrían sumarse la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la denominada ley Joaquín. Previamente, el martes por la mañana, se reunirá la mesa política para consensuar la agenda de las últimas dos semanas del período ordinario.
En paralelo, el Senado discutirá el martes a las 15 la reforma electoral que impulsa la suspensión de las PASO, con el objetivo de firmar el despacho de comisión. Ese mismo día, el oficialismo espera que la comisión de Presupuesto emita dictamen sobre el Presupuesto 2027 para que pueda ser debatido en la sesión del 25 de Noviembre.
Finalmente, la ley crea un sistema de auditorías periódicas para controlar el otorgamiento de los beneficios. Este esquema contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.















