La Corte Suprema anuló dos artículos del DNU 70/23 y restituyó el control estatal de prepagas

Actualidad20/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El máximo tribunal determinó que la desregulación de las cuotas no podía hacerse por decreto, lo que impactará en cientos de causas judiciales pendientes y futuros aumentos.

Prepagas
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La Corte Suprema de Justicia anuló dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, devolviendo al Estado la facultad de autorizar los ajustes en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Esta es la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre este DNU, con un potencial impacto en las cerca de 500 causas análogas que están pendientes de tratamiento.

La resolución dictaminó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto, que habían eliminado la supervisión estatal sobre los precios del sector. De esta forma, la Corte obligó a restituir las facultades regulatorias a la Superintendencia de Servicios de Salud.


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A partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones tarifarias. El organismo tendrá la capacidad de evaluar si los incrementos responden a cambios en la estructura de costos y a un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Sin embargo, la decisión no establece un límite automático vinculado con la inflación ni obliga a ajustar las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor, revocando una sentencia anterior que imponía esa referencia.

La controversia judicial que llegó al máximo tribunal se originó por la presentación de una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Durante ese período, el ajuste previsto para enero habría sido del 6,26% si se aplicaba una resolución previa del Ministerio de Salud.


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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución, que fue posible gracias a recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional. Los artículos cuestionados por la Corte habían suprimido disposiciones de la Ley 26.682 que sometían los valores de las cuotas a la supervisión estatal.

Uno de los principales argumentos del tribunal fue que el Poder Ejecutivo no demostró por qué resultaba imposible esperar el tratamiento de una ley en el Congreso. Tampoco acreditó qué urgencia concreta justificaba recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, un mecanismo legislativo que la Constitución permite utilizar de manera excepcional.


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Los magistrados consideraron insuficientes las referencias a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de mejorar la competitividad mediante la liberación de precios. Según el fallo, esos argumentos no establecían una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la eliminación de las facultades estatales para controlar las cuotas.

La Corte recordó además su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia, ratificada en la causa Cencosud, resuelta el 13 de agosto. En este criterio, el tribunal sostiene que las razones de conveniencia política o económica no son suficientes por sí solas para justificar el uso de facultades legislativas excepcionales por parte del Poder Ejecutivo.

La resolución se limita exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, sin implicar un pronunciamiento sobre el resto de las disposiciones del decreto. Para los afiliados, el efecto inmediato es la recuperación de un mecanismo de control sobre los aumentos, aunque el alcance de cada ajuste dependerá de la evaluación que realice la autoridad sanitaria en cada caso.

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