
Gremialistas del transporte piden avances por el atentado a un sindicalista en Bahía Blanca
Política20/11/2026
REDACCIÓNLa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte reclamó esclarecer el atentado contra Luis Pérez, de Dragado y Balizamiento, el 28 de octubre.



El ataque contra el sindicalista Luis Pérez ocurrió el miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9 de la mañana. El dirigente de 68 años se encontraba en la puerta de su domicilio en Bahía Blanca cuando fue abordado por un hombre en motocicleta. El agresor le disparó y se dio a la fuga.
Como consecuencia del disparo, Pérez recibió un impacto de bala en su pierna izquierda. Fue trasladado al Hospital Municipal, donde los médicos constataron que la lesión no había comprometido tendones ni nervios. El propio dirigente relató cómo sucedieron los hechos tras el ataque.




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La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) manifestó “su preocupación por la falta de avances en la investigación” del atentado. En un comunicado, la entidad que agrupa a la mayoría de los gremios del transporte reclamó que la Justicia y las autoridades provinciales adopten las medidas necesarias para esclarecer el hecho.
El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, cuestionó la falta de progreso en la causa judicial. En ese marco, el dirigente gremial planteó: «Si no hay nada detrás relacionado con un apriete a un dirigente sindical, ¿por qué la Justicia no toma cartas en el asunto?».
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El reclamo de la organización se formalizó durante un Congreso en el que participaron 40 organizaciones gremiales y 115 congresales. Durante el encuentro, los integrantes coincidieron en la necesidad de impulsar el pedido para que la investigación avance y se identifique a los responsables.
Desde la Confederación remarcaron que el hecho interpela a todo el movimiento obrero y que este tipo de violencia no puede quedar sin esclarecerse. «No se trata solamente de un ataque contra una persona, sino de una situación que interpela al conjunto del movimiento obrero y que exige una respuesta clara de las instituciones», afirmaron. Además, sostuvieron que «la violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para amedrentar a quienes representan y defienden los derechos de los trabajadores».
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Actualmente, la causa está a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ Nº 7. En la investigación también interviene la UFIJ Nº 15.















