OTRO PEDIDO DE RECUSACIÓN A FISCALES DEL EX GOBERNADOR BUZZI

Es en la causa que investiga el otorgamiento de un "préstamo" a través de CORFO a Omar" Cura" Segundo cuando estaba al frente de ALPESCA. El juez penal Fabio Monti resolverá en el término de tres días y notificará a las partes.

Es el segundo pedido de recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira dos Santos por parte de la abogada Valeria Corbacho, patrocinante del ex gobernador.

En la primera oportunidad el procurador de la provincia Jorge Miquelarena lo había desestimado al considerar que los fiscales no habían incurrido en ninguna actitud irregular.

El punto cuestionado desde la defensa de Buzzi es la reunión, en la etapa previa al inicio de la investigación, entre el fiscal Báez con los directivos del Banco del Chubut.

En la audiencia de hoy Corbacho solicitó la revisión de la decisión de Miquelarena.

El argumento se basa en una entrevista realizada a los síndicos de CORFO en la cual sostienen que se perdió objetividad. “Estaban tomando mate”, ejemplificó la letrada entre sus argumentos.

Los fiscales Báez y Pereira replicaron que la resolución de Miquelarena es ajustada a derecho. "Es mentira lo que dice la defensa. Mienten abiertamente cuando dicen que el Banco era agente de retención. El mutuo autorizaba al Banco, pero nunca hicieron la presentación al Banco. Ni el gobierno del señor Buzzi ni CORFO, que respondía al gobierno de Buzzi, lo presentaron al Banco", replicó Báez y agregó que "va a ser debatido en juicio". "Espero que no se sigan demorando los tiempos procesales", solicitó finalmente el fiscal.

El siguiente caso procesal será realizar la audiencia preliminar donde se analizará la elevación de la causa a juicio oral y público.

Buzzi está acusado de “administración fraudulenta” por otorgarle 10 millones a Segundo cuando este era presidente de Alpesca y sólo devolvió 1,5 millones. Entre los acusados se encuentran Gabriela Dufour, Carlos Eliceche, Carlos Zudaire, el directorio de CORFO y el empresario Omar Segundo, entre otros.

La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.

Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.

FUENTE: Prensa Fiscalía