La exministra de Familia de Chubut, Leticia Huichaqueo, se presentó este lunes en la Oficina Judicial de Rawson y quedó detenida en el marco de dos causas por corrupción en donde había sido condenada.

La exfuncionaria llegó acompañada de su abogado, Javier Patricio Romero, a la espera de una audiencia que finalmente no se realizaría hoy.

Hasta el momento, la exfuncionaria del gobierno de Mario Das Neves estaba en libertad pero tras confirmarse una de las condenas en junio pasado, el Ministerio Público Fiscal quedó en condiciones de pedir su detención porque las dos causas acumuladas suman una cantidad de años que permiten detenerla.

En junio pasado, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia declaró improcedentes las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de Leticia Bibiana Huichaqueo, Juan Carlos Gómez y Marcelo Fabián Suárez, al tiempo que confirmó la sentencia de la Cámara en lo Penal de Trelew. Suárez, otro exfuncionario, ya está detenido por circunstancias judiciales similares.

De este modo, se abrió una nueva instancia que llevará a Huichaqueo a la cárcel, ya que la condena fue a cuatro años de prisión efectiva. Para ello el fiscal debe pedir la medida y un juez aprobarla.

La causa judicial, conocida popularmente como “Royal Canin”, es un desprendimiento de investigaciones penales realizadas tras la emergencia climática declarada a raíz del temporal que azotó a Comodoro Rivadavia y la zona sur de Chubut entre el 29 de marzo de 2017 y el 9 de abril del mismo año.

Por los hechos imputados, resultaron condenados en esa causa Huichaqueo a la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta perpetua, como autora del delito de peculado en la modalidad de delito continuado; y Juan Carlos Gómez, a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua, como partícipe necesario del mismo delito.

Marcelo Fabián Suárez, en tanto, fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por cinco años para ejercer cargos y empleos públicos, como autor del delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por ser cometido por funcionario público, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público.

(Informe: Natalia Ferrari / Fotos: Daniel Feldman / Jornada)