EL SUPERIOR TRIBUNAL INVESTIGA CUENTAS Y DESIGNACIONES

Tras la conferencia de prensa que brindó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, el vicepresidente del STJ Daniel Báez amplió detalles de los sumarios que se le siguen al ahora renunciado administrador general Héctor Capraro.

“Yo ratifico lo que manifestó Camila (Banfi) en la conferencia de prensa, que fue clara y precisa. El Dr. Capraro presentó la renuncia, y fue aceptada por el Pleno. Previamente a ello se había iniciado un sumario respecto a él y a la directora de la Oficina Judicial, la doctora Ligia Pérez, por un informe de una auditoría previa que se me encomendó a mí por parte del Pleno de los Ministros, respecto al funcionamiento de esa oficina”, que en nada menos que la que recauda las tasas de justicia. 

Báez dijo que “como habíamos advertido que algunos temas no eran muy claros, yo trabajé juntamente con un personal que colaboró conmigo y encontramos una serie de inconsistencias que ameritaran que yo hiciera un informe. Ese informe fue presentado al Pleno de los Ministros” para ser avaluado, ya que el mismo fue lapidario “ese Pleno fue el que decidió aprobar el informe, abrir un sumario y hacer reserva de que en caso de advertir alguna circunstancia que supere lo administrativo, nosotros tenemos obligación, que es cuando enterado de la posible comisión de un delito, hay que denunciarlo”. 

Consultado sobre el carácter del informe que derivó en sumario, Báez confirmó que “sí, es lapidario en cuanto muestra una forma de actuar que, de acuerdo a lo que en principio encontramos, contraviene claramente la legislación vigente”. 

Favores

El vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia dio como ejemplo una de las inconsistencias halladas, y es millonaria, “en algún lugar de la provincia había que cobrar una tasa de justicia de un juicio importante que sumaba entre multas, intereses y otros ítems unos 17, casi 18 millones de pesos. Tanto el administrador como la directora de la oficina judicial resolvieron que se pagara 10. Condonando intereses, condonando multas, admitiendo pagos en cuotas. Y la verdad es que lo que la ley marca es que esa imposición la tiene que hacer el juez, no el personal, aunque sea jerárquico, del Poder Judicial”. 

Otra inconsistencia se halló en los montos de tasa de una sucesión por un monto de 225 millones de pesos según consta en el sumario.

El segundo sumario aún no está terminado y todo podría derivar en una denuncia penal, y con un escándalo aún mayor.