PARA BULLRICH "MÁS DE TRES SON MULTITUD"

La Ley Ómnibus enviada al Congreso por el presidente Javier Milei incluye un capítulo sobre Seguridad Interior que regula las manifestaciones y establece requisitos y penas para las reuniones en espacios públicos.

El proyecto contempla que, en el caso de reuniones de tres o más personas en un espacio público con fines de protesta, los organizadores deben notificar al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación, proporcionando detalles específicos sobre la convocatoria.

La notificación debe incluir información detallada sobre la persona u organización que convoca, la finalidad de la manifestación, el recorrido, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

Una vez recibida la notificación, el Ministerio de Seguridad otorgará un comprobante, que los organizadores deben tener durante la realización de la convocatoria.

El Ministerio tiene la facultad de oponerse a la realización de la reunión si considera que afecta la seguridad de las personas o la seguridad nacional.

También puede proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha de la manifestación. Si se trata de una manifestación espontánea, la notificación debe presentarse "con la mayor antelación posible" y cumplir con los requisitos mencionados.

El proyecto de ley establece penas de prisión de dos a cinco años para aquellos que dirijan, organicen o coordinen manifestaciones que causen interrupciones en la circulación o el transporte, así como lesiones a personas o daños a la propiedad.

Los organizadores son responsables solidarios por los daños causados durante la movilización.

El requisito para notificar al Ministerio de Seguridad y las penas propuestas son parte de las medidas de seguridad interior incluidas en la Ley Ómnibus.

La implementación del protocolo antipiquetes y las modificaciones al Código Penal para penalizar a los organizadores de manifestaciones son motivo de controversia en Argentina.